ERC augura que los presos del procés no conseguirán el tercer grado y no podrán salir antes de Navidad

Los presos de ERC en la causa por el 1-O prevén que serán clasificados en el segundo grado penitenciario por la Junta de Tratamiento y que la Generalitat no validará esta evaluación inicial hasta el próximo mes de enero, por lo que no contemplan poder salir de prisión antes de Navidad.

Así lo han desvelado este martes fuentes del equipo jurídico de ERC, en vísperas de que la Junta de Tratamiento de las tres cárceles catalanas en las que permanecen los nueve líderes del procés, cumpliendo las penas de entre 9 y 13 años de cárcel que les impuso el Tribunal Supremo, comuniquen su propuesta de clasificación de los internos.

La Junta de Tratamiento de las cárceles de Lledoners, Mas Enric y Puig de les Basses propondrán esta semana la clasificación de los presos: en primer grado -con las medidas más restrictivas-, segundo u ordinario -que puede flexibilizarse hasta condiciones similares al régimen abierto- o tercero, que permite salir durante el día y acudir a la cárcel solo a dormir.

A partir de entonces, la Generalitat dispondrá de un plazo máximo de dos meses para ratificar o enmendar las propuestas de las Juntas de Tratamiento, integradas por un equipo de técnicos y un representante de la administración con voto de calidad.

Según el equipo jurídico de ERC, los presos de la formación republicana -el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, además de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell-, no prevén ningún beneficio penitenciario que les permitiese salir de prisión antes de Navidad.

De hecho, los presos creen que la Junta de Tratamiento les clasificará en el segundo grado, que abriría la puerta a solicitar que se les aplique el artículo 100.2 del régimen penitenciario, lo que les permitiría salir durante el día para trabajar, ejercer voluntariado o cuidar de familiares, aunque ello no sería, según sus cálculos, antes del próximo año.

Los servicios jurídicos de ERC pronostican que la dirección general de Instituciones Penitenciarias de la Consellería de Justicia, en manos de la formación republicana, tardará entre tres semanas o un mes en ratificar la decisión inicial de la Junta de Tratamiento, por lo que los presos dan por hecho que no saldrán de prisión antes de Navidad.

El atajo del 100.2

Los abogados de los presos de ERC tienen previsto recurrir si se les clasifica en segundo grado, aunque paralelamente presentarán documentación para que les apliquen lo antes posible el artículo 100.2 del régimen penitenciario -el mismo que se concedió al exlíder de CDC Oriol Pujol-, por el que podrían salir de prisión durante el día si acreditan que van a trabajar, a ejercer voluntariado o a cuidar de familiares.

En este caso, los servicios jurídicos de ERC tampoco esperan que se decida la aplicación del artículo 100.2 para los presos independentistas antes de Navidad, ni ninguna salida ni beneficio penitenciario durante las fiestas.

Pese a que la ley lo prevé, no existe ningún precedente en Cataluña de que se haya aplicado el artículo 100.2 en el mismo momento en que se clasifica a un preso en el segundo grado.

Si la Fiscalía recurriese contra la clasificación inicial, una vez validada por la Generalitat, o contra una eventual aplicación del artículo 100.2, sería la Audiencia de Barcelona la que tendría la última palabra, a diferencia de lo que ocurriría si de entrada se les concediera el tercer grado, ya que entonces sería el Tribunal Supremo quien lo podría revocar.

JxCat ataca a ERC

El abogado de los presos de JxCat, Jordi Pina, ha afirmado este martes que tiene el firme convencimiento de que la clasificación para Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez debería ser de tercer grado, un régimen de semilibertad, y ha lamentado informaciones "que pretenden justificar y normalizar la clasificación de los internos en segundo grado".

En un comunicado, Pina ha asegurado que defiende el tercer grado ante las "circunstancias personales" de sus clientes: entorno social, posibilidad de encontrar empleo, no peligrosidad al no haber actuado con violencia --se descartó condenar por rebelión-- y sin riesgo de reincidencia al estar inhabilitados.

Asimismo, añade el hecho de que no haya ninguna responsabilidad civil subsidiaria impuesta y pendiente de pago, uno de los argumentos habituales que se usa para denegar los tercer grados.

Recuerda que, en las últimas semanas, Turull, Rull y Sànchez han mantenido "un escrupuloso respeto" hacia la tarea de los profesionales de los centros penitenciarios que han de emitir los informes sobre los grados.

Por ello, lamentan las informaciones "que pretenden justificar y normalizar la clasificación de los internos en un segundo grado penitenciario".

Jordi Pina ha emitido este comunicado ante la "inminencia" del informe de la Junta de Tratamiento de Lledoners, que prevé para este miércoles, respecto a la clasificación de sus clientes, una vez han sido sentenciados por el Tribunal Supremo por el 1-O, y según añade, ante informaciones que dan por seguro un segundo grado y sugieren que ellos están de acuerdo.

Resalta que la decisión final de la clasificación corresponde a la Secretaría de Medidas Penales de la Conselleria de Justicia, y que este miércoles las Juntas de Tratamiento de los tres centros penitenciarios elevarán un informe.