La Generalitat investiga si el hermano de Ximo Puig forma parte de un cártel audiovisual

La Conselleria de Economía ha iniciado un expediente sancionador a cuatro productoras audiovisuales entre las que se encuentra Comunicacions dels Ports, firma del empresario Francis Puig, ante la posibilidad de que operaran como un cártel para captar contratos de la Generalitat Valenciana que preside el hermano del investigado, el socialista Ximo Puig. El departamento toma esta decisión tras la denuncia realizada por la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, que fue quien advirtió de que las sociedades habrían pactado precios con el objetivo de repartirse las corresponsalías comarcales en un concurso público realizado a tal efecto.

En un comunicado datado el 16 de octubre, la conselleria que dirige Rafael Climent (Compromís) expone que de conformidad con "el Reglamento de Defensa de la Competencia (RDC)" ha incoado "un expediente sancionador contra las mercantiles Kriol Produccions SL, Canal Maestrat SL, Visualiza SL y Comunicacions dels Ports SA por supuestas conductas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), desarrolladas en el marco de la licitación pública para la contratación del servicio de recursos audiovisuales que presten los servicios de recursos de imágenes con equipos ENG".

"Se observan indicios racionales de la existencia de posibles conductas restrictivas de la competencia, prohibidas por el artículo 1.1 de la LDC", afirma Economía

"Las actuaciones se iniciaron a raíz del análisis de la documentación remitida por Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) y de la información obtenida en la fase de información reservada. A la vista de la información disponible, se observan indicios racionales de la existencia de posibles conductas restrictivas de la competencia, prohibidas por el artículo 1.1 de la LDC", detalla el departamento, que abre "un plazo máximo de 18 meses para la instrucción y resolución del expediente".

Según subraya la conselleria, "la incoación del expediente en ningún caso prejuzga la resolución final y esta nota se limita a exponer los aspectos fundamentales del expediente y no comporta toma de posición alguna por parte de la autoridad valenciana de la competencia sobre los hechos denunciados ni sobre la responsabilidad, ni siquiera provisional, de los denunciados".

"La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de las autoridades españolas de defensa de la competencia, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados", argumenta Economía.

"Programa de clemencia"

En este sentido, invita a las firmas expedientadas a colaborar para evitar una eventual multa. "Para ello se cuenta, entre otros instrumentos, con el programa de clemencia, que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a las autoridades competentes su detección", destaca.

En esta línea, y solo en el caso de que colaboren, la conselleria también ofrece a las firmas investigadas esquivar una sanción que les impida seguir contratando con la administración pública. "Las empresas que se acojan a este programa no les sería de aplicación la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas, como se establece en el artículo 72.5 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, si resultaran finalmente sancionadas", subraya.

Por otra parte, cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha citado como investigados al empresario Francis Puig y a Rubén Trenzano, director de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, por posibles delitos de fraude fiscal -para el primero- y malversación de caudales públicos y prevaricación -para el segundo- en las ayudas concedidas a las empresas de comunicación del hermano del presidente de la Comunitat Valenciana.