Sánchez estudia impugnar ante el Constitucional la resolución de Vox, PP y Cs para ilegalizar partidos independentistas

El jefe en funciones del Ejecutivo y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha alertado este viernes de la "deriva bien peligrosa" que supone la proposición no de ley aprobada por PP, Ciudadanos y Vox en la Asamblea de Madrid que piden ilegalizar a los partidos independentistas que atenten con la unidad de España.

En una entrevista en la Cadena Ser ha admitido que el Gobierno estudiará si cabe impugnar ante el Tribunal Constitucional esa resolución, mismo procedimiento que el Ejecutivo ha seguido recientemente con algunas del Parlament catalán.

Según ha señalado Sánchez, "los Parlamentos autonómicos tienen autonomía para plantear determinadas cuestiones pero sin exceder el reparto de competencias".

A su entender, ilegalizar a partidos políticos por sus ideas supone avanzar "en sentido contrario" a lo que supuso la Transición democrática, aclarando que lo que "no se puede aceptar" es que nadie plantee la celebración de un referéndum ilegal de independencia.

Pero Sánchez ha avisado de que con la irrupción de Vox la ciudadanía está asistiendo a planteamientos "muy preocupantes", como plantear cerrar canales privados de televisión, vetar a periodistas o señalar a los homosexuales como enfermos. "Eso tiene un nombre en la historia europea", ha dicho sin querer llegar a mencionar expresamente el fascismo.

Vox, la "criatura" de Aznar

Según Sánchez, el PP "no quiere ni puede poner freno" a Vox, porque se trata de una "criatura" creada originalmente por José María Aznar para "desestabilizar" a Mariano Rajoy que "se les ha ido de las manos". Incluso ha indicado que no es un partido democrático.

Pese a algunas discrepancias, PP, Cs y Vox votaron juntos finalmente el jueves en la Asamblea de Madrid para aprobar la proposición no de ley (puede consultarse aquí) presentada por la formación de Santiago Abascal por la que se solicita al Gobierno central que proceda a ilegalizar "los partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación con los instrumentos legales a su alcance o procediendo a las reformas legales que habiliten a ello".

En ella también se insta a la UE a "que inscriba a los denominados como CDR (Comité para la Defensa de la República) en la lista de organizaciones criminales y terroristas".