Un país desarmado ante el fuego

El presidente Sánchez se comprometió esta semana a declarar, ya el próximo martes, zonas catastróficas a las áreas afectadas por los incendios que ya han hecho de agosto un mes desafortunadamente histórico. El jefe del Ejecutivo se abstuvo de concretar cuáles serán las ayudas a las que tendrán acceso dichos territorios. Con todo, las fuentes consultadas por elEconomista.es en el sector asegurador estiman, con todas las cautelas, unas indemnizaciones superiores a los 18.000 euros para las personas afectadas –a las que se podrán sumar más transferencias directas por las daños sufridos en sus inmuebles– y por encima de los 10.000 para empresas. Así lo permite la comparación con los recursos desplegados en la última tragedia comparable relacionada con incendios, ocurrida en 2022 cuando ardieron 310.000 hectáreas –en 2025, ese número ronda las 380.000–.

La causa de tan dramáticos números –más allá de una ola de calor sin precedentes, de los fuertes vientos y de la acción de incendiarios – debe también mucho a una falta de previsión inaudita para un país tan amenazado climáticamente como España. Los presupuestos autonómicos para prevención de incendios sufren recortes de hasta el 51% en los últimos años. En nada ayudan tampoco unos cambios legislativos, también en el nivel estatal, que dificultan las imprescindibles tareas de limpieza y desbrozamiento de los bosques. A todo ello se suma una mal planificada vigilancia de las zonas de riesgo, que gracias a los nuevos recursos tecnológicos –como los drones– podría ser mucho más eficiente incluso en verano. Factores así solo contribuyen a dejar a un país irresponsablemente desarmado ante la que constituye una de sus mayores amenazas.