Sin base para encarecer el despido

Uno de los objetivos que la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz se impuso en 2023 de cara a esta legislatura fue encarecer el despido improcedente, pasando de los 33 días actuales a los 45. Para justificar dicha medida ha recurrido siempre a una resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, en la que considera que los límites de las indemnizaciones en España no cumplen con la Carta Social Europea. De hecho, Díaz ha llegado a apoyar una denuncia sindical contra su propio Ejecutivo ante dicho organismo europeo para seguir argumentado el encarecimiento del despido. Ello pese a que el ya citado Comité Europeo de Derechos Sociales carece de poder en la toma de decisiones de la Unión.

Además se trata de un órgano en el que las grandes economías del euro no tienen presencia lo que provoca que la mayoría de los países de la UE opten por no cumplir cualquiera de sus mandatos. Eso mismo es lo que ha considerado el Tribunal Supremo que rechaza elevar la indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades que establece el Estatuto de los Trabajadores y cierra la puerta también a compensaciones adicionales por daños. En su sentencia al Alto Tribunal indica que la Carta Social Europea es "inconcreta" y no supone un mandato. Además, dicta que las decisiones del organismo europeo al que se amparó la ministra de Trabajo y los sindicatos no son vinculantes. El fallo supone por ello un contundente varapalo que deja sin argumentos a Díaz en su objetivo de encarecer el despido. Una medida que además supondría un golpe a la competitividad de las empresas, que reduciría su capacidad para crear empleo.