Una administración 'parada'

Entre enero y mayo los empleados de las empresas o servicios de carácter público dejaron de desarrollar su actividad durante más de 2,36 millones de horas. Esto significa que las huelgas de estos trabajadores provocaron que se perdieran cerca de medio millón de horas de trabajo al mes. Es cierto que la conflictividad laboral no es exclusiva del sector público. Pero también es verdad que en el ámbito privado los paros implican una menor rebaja del tiempo de trabajo. En concreto, la pérdida para las empresas privadas alcanzó las 781.220 horas durante los 5 primeros meses del año, lo que supone que el tiempo dilapidado por las huelgas del sector público ya triplica el propio del privado. Según los agentes sociales la menor conflictividad en las sociedades de capital privado se explica por la buena marcha de la firma de convenios colectivos, que mejoran las condiciones laborales. Por el contrario, el acuerdo marco que dicta las normas en el sector público caducó en 2024 y hay medidas que, además, nunca se llegaron a cumplir.

Asimismo, la elevada temporalidad del sector público también explica en parte la mayor conflictividad. Con todo, la razón principal reside en que los funcionarios tienen blindados sus puestos, lo que les da más libertad para sumarse a las huelgas. Pero más allá de las causas, lo más preocupante es el negativo impacto que genera el impulso de horas perdidas en el ámbito de las administraciones. Para empezar perjudica la prestación de los servicios públicos, lo que genera retrasos en las tramitaciones y dilata los procesos, generando un alto coste para empresas y particulares. Asimismo, contar con una administración parada ahonda en la baja productividad del sector público frente al privado, lo que supone una mala noticia para el mercado laboral.