Uso político de las entregas a cuenta

Tras negarse durante medio año, María Jesús Montero anuncia la aprobación por el Consejo de Ministros de un decreto ley para actualizar las entregas a cuenta a autonomías y ayuntamientos. En total serán 25.000 millones que suponen un balón de oxígeno para las regiones ya que ese dinero es clave para la prestación de servicios básicos. De hecho, algunas autonomías ya estaban teniendo problemas para pagar a los proveedores. No obstante, el hecho de hacer coincidir esta medida con el escándalo de corrupción en el PSOE evidencia la necesidad del Gobierno de estrechar lazos con los partidos que propiciaron la investidura de Sánchez, especialmente los catalanes. Queda así patente el uso político que el Ejecutivo realiza con las entregas a cuenta.