Lo de Cabify

El conflicto híbrido que mediáticamente se ha venido en denominar "la guerra del taxi", se ha desarrollado, durante más de una década, como un circo de tres pistas, entre las protestas callejeras, la presión de los lobbies a los distintos parlamentos y Gobiernos, y, la judicialización de todas las normas dictadas sobre la materia desde, al menos, el año 2009.

Los resultados provisionales de este conflicto han puesto de relieve como la planificación y el control estatal para ordenar este sector económico han fracasado, entre otros motivos porque la hiperregulación ha perjudicado el interés general de los usuarios de la movilidad, y, porque las previsiones legales (más bien parches) aprobadas estos años han sido progresivamente anuladas por los tribunales españoles y europeos.

También el error de querer poner puertas al progreso tecnológico y a la eficacia de un nuevo modelo de movilidad digital nos invita a parafrasear la advertencia contenida en el excelente libro del profesor Philipp Bagus, "La era de Milei. El despertar libertario" (2025): "Los planificadores estatales actúan como un conductor que solo puede guiarse mirando por el retrovisor".

Esto incide en que los autodenominados gobiernos progresistas han actuado en este asunto como neoluditas, erigiéndose en los mayores conservadores del statu quo preexistente a la irrupción de las plataformas digitales. Para ello se empecinaron en sostener diversas limitaciones artificiosas de la competencia -como la decaída ratio 1/30-, con tal de dar la espalda a una realidad que dicta que la liberalización del mercado de VTC y taxis acabará por ser la mejor de las soluciones a las actuales ineficiencias de estos servicios urbanos de transportes.

Pero las consecuencias de persistir en políticas económicas basadas en la ideología pasan factura. Después de años litigando, la plataforma Cabify ha logrado la concesión judicial de 8.500 nuevas licencias VTC.

Ello pone en evidencia, una vez más, dos caras de una misma problemática: la inercia regulatoria que frena una oferta insuficiente de movilidad y la reticencia de las administraciones a ceder al mercado sus espacios de poder, aún al precio de forzar a las empresas (factor generador de riqueza) a burocracia y trámites interminables (factor de ocupación espuria del sector no productivo), así como degradar el futuro de los usuarios del sistema de transportes que sufren esperas medias de hasta 20–30 minutos o puro desabastecimiento, mientras que el sector VTC ve cómo sus inversiones quedan atrapadas en litigios que tardan años en resolverse.

Y es este problema, el de las inversiones frente a la regulación, es el que cobra mayor relieve en este caso: se da la circunstancia de que las autorizaciones fueron solicitadas antes de la publicación del RDL 13/2018, de 28 de septiembre, conocido como Decreto Ábalos.

Éste, puesto en relación con la Ley 5/22, de 9 de junio, de la Comunidad de Madrid, obliga a que las citadas 8.500 VTC ganadas por Cabify judicialmente dejen de prestar servicios urbanos cuatro años después de su puesta en funcionamiento (esto sería allá por 2029 o 2030), desplazándolas luego al mercado de tráficos interurbanos, donde tal número de vehículos no tienen la demanda necesaria para justificar la inversión requerida en su puesta en funcionamiento a día de hoy, o, al menos, de la totalidad de ellos; lo que coloca a Cabify en una segunda encrucijada para obtener un beneficio real de su victoria judicial.

Además, la reciente regulación que exige de superación de una prueba profesional impuesta a quienes deseen trabajar como conductores de VTC, representará un obstáculo casi insalvable para Cabify a la hora de poner en servicio todos esos vehículos. Si ya existe un problema de oferta de trabajadores en el sector, los trabajadores con unos títulos que la administración regional ha burocratizado de modo intenso, van a ser casi imposibles de contratar para la plataforma.

Sea como fuere, los grandes perjudicados, para variar, van a ser los ciudadanos (los usuarios). Los datos indican que la demanda insatisfecha en estos servicios de movilidad se encuentra actualmente entre un 10% y un 20%, y, algunos estudios técnicos (por ejemplo, el de la UPM) indican que el mercado demandaría hasta 18.000 nuevas autorizaciones (taxis + VTC) para equipararse a otras capitales europeas, lo que sitúa la brecha actual en torno al 50%. Lógicamente, esta ampliación del servicio a los madrileños debería de producirse de un modo paulatino, acompasando oferta y demanda de modo que se minimice la tensión en intermediarios y prestadores del servicio.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha anunciado en algunos medios la obligación de Cabify de desplegar "de golpe" todos los vehículos autorizados, que ha generado un choque de legitimidades: la plataforma invoca sentencias del TSJM y del Tribunal Supremo que ordenan la concesión directa sin más exigencias, mientras la Consejería de Transportes reclama más requisitos, argumentando necesidad de control administrativo previo.

No parece aun el momento de hacer un pronóstico certero de qué ocurrirá con esas nuevas VTC y con el desarrollo a corto plazo del servicio a los madrileños, pero desde luego que el problema no solo no se resuelve, sino que anuncia un sinfín de perjuicios para los usuarios, las plataformas, los transportistas y las personas que trabajan o quieren trabajar como conductores en estos sectores.

Y tampoco hay que olvidarse de los taxistas, quienes, en la falsa creencia de salir victoriosos del conflicto, están igualmente entregando el futuro de sus negocios a una clase política que lleva jugando con ellos desde hace décadas, hasta someterlos al más ruin de los clientelismos. Su extrema dependencia les ha incapacitado para organizarse, competir y adaptarse adecuadamente a las necesidades tecnológicas y de eficiencia del nuevo mercado, del que acabarán siendo el eslabón más débil.

No obstante, crece su desorientación. Su falta de lúcido liderazgo los arroja a la calle, a protestar contra la Comunidad de Madrid, pese a que es quien, precisamente, está actuando en su favor, caminando por el filo de la navaja jurídica para no tener ruido en la calle, hasta el punto de anunciar la adopción de medidas que, como poco, retuercen el espíritu de la legislación sobre el otorgamiento judicial de las "dichosas" nuevas VTC.

Penitencia todo por una basta y mala regulación desde la raíz.