Todos necesitamos una empresa competitiva

Estos momentos están siendo especialmente singulares. Desde hace cinco años, la sociedad y, por supuesto, también la empresa ha vivido situaciones enormemente relevantes, como la pandemia, la crisis inflacionaria, los efectos del conflicto bélico en Ucrania o, más recientemente, la amenaza de guerra comercial derivada de los aranceles de EEUU, el desastre de la DANA y el apagón que afectó a nuestro país hace tan solo unos días. Situaciones que dibujan un escenario de enorme incertidumbre y que las empresas, especialmente las pymes, han ido afrontando de forma unida, mostrando una admirable capacidad de resistencia y de compromiso con la creación de empleo, a pesar del estrechamiento de sus márgenes.

En estos años, el diálogo social, cuya eficacia ya había sido constatada desde los tiempos de la transición, ha seguido siendo para nosotros como empresarios un valor de referencia, que hemos luchado por preservar y mantener, convencidos de que es la principal herramienta para el fortalecimiento de las relaciones laborales.

Las pymes representan el 99% del total de las empresas españolas, aportan el 65 por ciento del valor añadido de nuestra economía y cerca del 70% del empleo. Son datos que, no por repetidos, pierden su importancia. Los pequeños y medianos empresarios somos esos ciudadanos que día a día nos ponemos al frente de nuestros negocios para sacar adelante nuestras actividades, comprometidos con la sociedad y con el progreso y la creación de empleo. Y que, para seguir haciéndolo, solo reclamamos un entorno favorable para el desarrollo de nuestra actividad.

Sin embargo, los empresarios españoles padecemos un entorno paralizante: altos costes, cambios sobrevenidos, requisitos múltiples, normas internas y externas, ámbitos legales diferentes para la misma empresa que tiene sedes en diferentes autonomías en un contexto europeo.

Las pymes, que representan al tejido productivo español, necesitan flexibilidad para desarrollar su actividad cotidiana, un alivio a los altos costes laborales, burocráticos e impositivos. Hablo de empresas que han vivido enormes vicisitudes, y que reclaman un entorno menos hostil, que le permita competir en igualdad de condiciones con sus homólogas de otras potencias económicas de nuestro entorno.

Como antes mencionaba, el diálogo Social es, quizá, el diamante que dejó la Transición, que ha permitido modernizar nuestro sistema laboral y asentar la mejora de las empresas y de los trabajadores: la libre asociación, la negociación, los derechos para los trabajadores, la dignidad del empresario, la libertad de pactos. En definitiva, la mejora del mercado de trabajo.

No han hecho falta leyes para reducir la jornada hasta las 38,3 horas, fruto del ajuste natural entre empresario y trabajador, entre empresarios y trabajadores, entre organizaciones empresariales y sindicatos, bajo las condiciones que demandan los distintos sectores y territorios. No hacen falta leyes para reflejar el espíritu del empresario que quiere pagar un mejor salario a sus trabajadores sin ninguna injerencia más que el mercado y el respeto.

Pero, desgraciadamente, esos logros de la negociación colectiva, de la flexibilidad, ajustados al momentum –un momentum que puede ser la pandemia o la DANA– a veces quedan soterrados bajo el manto de las leyes. De unas leyes que no suelen pensar en la pyme, que son desiguales, contra el espíritu de la Constitución Española. Unas leyes que aíslan a los empresarios españoles mayoritarios y fuera de convenios colectivos. Unas leyes que muchas veces priman apriorismos, ideas generales al margen de la realidad palpable y concreta de lo legislado.

La experiencia demuestra la necesidad de remar todos en la misma dirección, de brindar a nuestras empresas el mejor entorno posible para crecer, dar más empleo y pagar mejores salarios. Mejores salarios nacidos del mejor desempeño y no ajenos a la productividad. Jornadas ajustadas a las necesidades de la producción, flexibles para empleador y empleado, trabajadores ambos.

Es necesario nivelar el mercado: que no haya 17 mercados laborales dentro de un mismo país que pertenece a una entidad supranacional como la UE, dentro de la cual se prima la flexibilidad en la que viven empresas de Francia, Alemania o Italia con menos lastres que las nuestras.

La única vía para sostener la proeza conseguida por las empresas españolas en Democracia es hacer uso de ella: de la democracia, del consenso, de la negociación. Sin cosmética, sin propaganda, sin aspiraciones quiméricas, sin complejos. Tirando de sentido de la realidad. El mercado laboral es un mercado, en su más amplio sentido de la palabra. En cual los trabajadores –los empresarios y sus empleados– necesitan unas condiciones consensuadas para realizar su actividad. Sin injerencias, sin imposiciones. Como de facto lo hacen. En definitiva, lo que queremos, todos, es trabajar.