Subida salarial impuesta por Díaz

La última subida del 4,4% del SMI hasta los 1.184 euros en 14 pagas no alcanzó las aspiraciones de los sindicatos, que pedían entre un 5% y un 6%. Pese a ello, CCOO y UGT apoyaron el incremento. Pero lo hicieron a cambio de abrir una mesa de negociación con el objetivo de endurecer los requisitos para adaptar las nóminas al nuevo Salario Mínimo.

Hasta ahora, las empresas han podido absorber dicha subida repartiéndola entre el salario base y los complementos y pluses que perciben los trabajadores. Una práctica avalada por el Tribunal Supremo en diferentes sentencias que evitaba que las repetidas subidas del SMI provocará un impulso de los sueldos más cercanos a esta retribución.

Ello es posible porque algunos convenios vinculan el salario base al SMI por lo que la subida automática de este último era compensada con bajadas en los complementos para evitar un aumento automático de los sueldos. Ahora, en cambio, el objetivo de los sindicatos y de la vicepresidenta Yolanda Díaz es recortar ese margen con el que las empresas pueden 'jugar' para evitar un impacto mayor del alza del SMI en su masa salarial. La subida de esta retribución alcanza el 60% desde 2018, lo que ya ha elevado los costes laborales para las empresas, perjudicando especialmente a las más pequeñas.

Por tanto, el mero hecho de buscar el endurecimiento de las condiciones para adaptar las nóminas demuestra el interés de la propia Díaz y de los sindicatos de utilizar el Salario Mínimo para imponer una subida de sueldo a las empresas para aquellos trabajadores que también perciben sueldos bajos. Una maniobra inaceptable que generaría más daño a los negocios en un contexto en el que muchos necesitan ganar en competitividad.