El derecho de los vecinos frente a la piratería turística

El pasado 6 de febrero la Asamblea de Madrid debatió sobre uno de los problemas que más afecta a las grandes ciudades de nuestro país: el crecimiento descontrolado de las viviendas de uso turístico. En el caso de Madrid, el crecimiento del último año (de más de un 23%) demuestra una apuesta política estratégica por parte del gobierno de Díaz Ayuso. Barrios convertidos en atrezo al servicio de la representación escénica de un turismo de masas que expulsa a los residentes, destruye el comercio y somete la ciudad al interés de inversionistas y especuladores.

Consciente del impacto social del problema, recientemente el Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias fundamentales para permitir, ya no solo la limitación de la instalación de pisos turísticos en contra de la voluntad de los vecinos sino, inclusive, la posibilidad de prohibir su instalación por mayoría de tres quintos de los propietarios (SSTS 1232/2024 y 1233/2024, de 3 de octubre). La interpretación del artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal conforme a la "función social de la vivienda", reformado a partir del Decreto de "medidas urgentes en materia de vivienda", ha sido clave para que dispongamos de esta nueva herramienta para luchar contra la piratería turística-inmobiliaria que asedia el centro de las ciudades.

Desde Más Madrid propusimos incorporar este derecho a la Ley de Ordenación Turística. El motivo es bien sencillo: la Ley de Propiedad Horizontal hace referencia a "los términos establecidos en la normativa sectorial turística" (de competencia autonómica) como forma de concreto el derecho de los propietarios a prohibir la explotación turística en sus edificios. Es decir, adecuar la normativa turística es clave para reforzar la seguridad jurídica de los vecinos que en el ejercicio de su libertad decidan oponerse a que sus comunidades sean tomadas por el traqueteo permanente de maletas que suben y bajan, fiestas ilegales y visitantes ingleses, franceses o alemanes que en ocasiones utilizan estas infraestructuras para realizar un tipo de turismo que nunca aceptarían sus países de origen. No puede dejar de llamar la atención que los mismos que claman al cielo contra la inseguridad que supuestamente provoca la inmigración, cuando se trata de turistas con billetera, miren para otro lado. Se ve que el discurso de la inseguridad solo vale cuando sirve para acosar a los pobres.

Lamentablemente el PP decidió utilizar sus votos para impedir que esta reforma fuera aprobada en la Comunidad de Madrid con una intervención trufada de afirmaciones que no merece la pena reproducir por su escasa conexión con el objeto de discusión. Una práctica tristemente habitual alentada desde la propia presidencia de la Cámara. Por ello, resulta cada vez más evidente que para que los madrileños tengan un Gobierno que defienda algunos de los derechos de los ya que gozan el resto de españoles en sus respectivas Comunidades Autónomas, será necesario superar el reto de ganar unas elecciones frente al PP más hipertrofiado del país. Nadie dijo que esto fuer a ser sencillo.

En cualquier caso, el debate al menos nos ha permitido dejar clara una idea muy importante: cuando decimos que por delante del derecho a negociar con la vivienda está el derecho de los ciudadanos a vivir, además de ser la única posición que moralmente merece respecto, es también la doctrina del Tribunal Supremo.