Petición que Montero debe atender

En plena polémica por obligar a los receptores del Salario Mínimo a tributar por el IRPF, surge un nuevo frente de conflicto entre Hacienda y Trabajo, también relacionado con el alza del SMI. En este caso los perjudicados no son parte de esos 2,4 millones de trabajadores que verán como un 43% de la subida de la retribución se la queda el Fisco, sino las empresas que prestan servicios a las administraciones públicas.

Ello debido a que no pueden repercutir los incrementos de costes laborales en los contratos, como consecuencia de la Ley de Desindexación, que data de 2015. Esta norma, impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en un contexto de crisis, impide la revisión de los precios de las licitaciones de servicios como el mantenimiento o la limpieza. Ambos muy demandantes de mano de obra y en el caso del segundo sector, con salarios ligados al SMI o muy cercanos a este. Se trata, por tanto, de firmas a las que el alza de costes laborales les impide obtener retornos por las contratas.

Para evitar que esto ocurra, Yolanda Díaz y la patronal y piden a María Jesús Montero que permita compensar el SMI en las licitaciones. La vicepresidenta y ministra de Hacienda debe escuchar esta reclamación. Negarse a ello tendría consecuencias negativas. Primero para los propios trabajadores, ya que las empresas reducirán sus plantillas o congelarán sueldos para tratar de lograr retornos en las adjudicaciones o para minimizar las pérdidas. Ello irá en contra de la calidad de los servicios públicos que se prestan, lo que también convertirá a los ciudadanos en claros damnificados. Asimismo, la falta de rentabilidad de los contratos provocará que las próximas licitaciones queden desiertas en un contexto en el que nadie se presentó en 2023 a más de 20.000 contratos, el 7% del total.