Los empresarios catalanes y el "sentido común" de Puigdemont

Hoy se activa la cuenta atrás. El Consejo de Ministros aprueba este martes el anteproyecto de ley de la reducción de jornada laboral, pactada de forma bilateral entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. El documento se someterá a audiencia pública antes de entrar en las Cortes. Su aprobación, según fuentes de Trabajo, caerá en "abril o mayo". Será entonces cuando se conozca la verdadera posición de Junts.

De puertas afuera, la formación posconvergente se posiciona en contra de la iniciativa. En principio, el partido comparte el posicionamiento de los patronos: toda modificación de la jornada laboral debe consensuarse en las mesas de diálogo social y atendiendo a las particularidades de cada organización y sector. No se está en contra per se, sino debido a la "decisión autoritaria" con que se ha impuesto la medida, como reprochó Foment el pasado diciembre.

Pero los empresarios no las tienen todas consigo. Como informó elEconomista.es, cunde el pánico a que Junts secunde la propuesta si obtiene algo a cambio. La semana pasada, la portavoz juntaire Míriam Nogueras aseguró que las negociaciones con el PSOE quedaban "descongeladas" y pidió avances sobre el traspaso integral de las competencias de inmigración. "Tememos que haya un intercambio de cromos, porque ya sabemos cómo actúan los políticos", avisa un alto dirigente de Foment.

En este contexto, el pasado jueves se produjo un encuentro importante en Waterloo. Una delegación de empresarios encabezada por el presidente de la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), Jaume Roura, se desplazó hasta la residencia de Carles Puigdemont para trasladarle su inquietud. En un comunicado posterior a la cita, Roura manifestó su esperanza de que "Puigdemont siga el camino del sentido común". "No hay trabajo sin empresarios y empresas, y es necesario apoyarlas. Esperamos que no afloje, aunque en la política todo es posible", aseguró.

El sector del metal representa un potente ecosistema empresarial en Cataluña. Esto es, emplea a decenas de miles de trabajadores. La UPM negocia tres importantes convenios de ámbito provincial o autonómico, por lo que su peregrinación a Bélgica no es un movimiento menor. La "receptividad de Puigdemont", según cuenta un interlocutor, fue "positiva". "Salimos satisfechos", añade.

Otra cosa es que en el devenir de las negociaciones con el Gobierno a Puigdemont le dé por reblar. Como insisten (y lamentan) las fuentes empresariales consultadas, este hecho no se puede descartar a la vista de la actuación con el decreto ómnibus. En todo caso, el cortejo patronal a los posconvergentes seguirá en las próximas semanas. El próximo 14 de febrero, Cecot celebrará una jornada de trabajo con altos dirigentes de Junts en su sede de Terrassa. Todo sea porque cunda el "sentido común".

Y además...

1. El acuerdo del que nadie se acuerda. El Acuerdo Interprofesional de Cataluña (AIC) se ha convertido en la Cenicienta de los pactos laborales. Después de que naufragara su último intento de actualización, ni Pimec ni Foment se han vuelto a interesar por el tema. Sus diferencias sobre el ámbito de aplicación de los convenios hicieron descarrilar el acuerdo en 2023. En el último Consell del Diàleg Social, los sindicatos echaron en cara a las organizaciones empresariales que no retomen las conversaciones. De momento, no está en la agenda, responden las patronales.

2. Nuevo trabajo para Elsa Artadi. La exconcejal y exdiputada de Junts ha fichado como directora de operaciones de Optio Research, firma de servicios profesionales para inversores. El antiguo mirlo blanco del nacionalismo catalán, amén de alumna aventajada de Mas-Colell, abandonó la política en el año 2022. La empresa es propiedad de su marido, Heribert Padrol, abogado y exinspector de finanzas vinculado con CiU.

3. Crisis en el Real Club de Polo. El vídeo de Ibai sigue trayendo cola. Un grupo de socios capitaneado por Federico Ricart, exdirector general del World Trade Center Barcelona, ha iniciado la recogida de firmas para celebrar una moción de censura contra el presidente del Polo, Pablo Sánchez Marquiegui. En paralelo, Sánchez ha ofrecido su dimisión aunque la junta directiva la ha rechazado. Pese a que se recaben suficientes firmas para celebrar la moción, muchos socios dudan de que los opositores ganen la votación. En los próximos días, se anunciará la convocatoria de la asamblea general ordinaria para dar más detalles sobre el caso.