De aquellos barros estos lodos: El impuesto a la banca gana adeptos

En los últimos días se ha debatido largamente sobre la decisión del Gobierno de gravar a bancos y empresas energéticas con impuestos especiales sobre sus beneficios. Se ha criticado la medida por arbitraria, injusta, populista o simplemente por los nocivos efectos que puede tener en las decisiones de invertir o establecerse en España para empresas de otros países que perciban una falta de seguridad jurídica, o un entorno regulatorio hostil hacia las empresas.

Creo que es pertinente hacer una reflexión sobre cómo la reputación de estos sectores ha podido influir en la situación a la que ahora se enfrentan.

Durante años hemos defendido que la reputación es un escudo ante las crisis y que podemos demostrar empíricamente que en la medida que aumenta el nivel de admiración, respeto y confianza hacia una compañía (su reputación) también se incrementan los comportamientos de apoyo como la intención de comprar sus productos, de invertir en ella, solicitar empleo o concederle el beneficio de la duda ante una noticia negativa. De la misma manera que una buena reputación genera apoyo, una mala reputación genera rechazo, y los grupos de interés serán más reticentes a mantener los anteriores comportamientos hacia una empresa que no consideran digna de su confianza.

Un Gobierno que emprende una cruzada regulatoria en contra de una empresa o sector empresarial con mala reputación no es penalizado por la opinión pública, aunque la medida sea injusta y arbitraria, al contrario, hasta puede ganar votos de unos ciudadanos que consideran que esas empresas deben ser penalizadas

Sin duda éste es el caso de los impuestos a bancos y eléctricas. Se trata de sectores de actividad con una reputación débil, que los hace vulnerables a iniciativas legislativas contrarias a sus intereses, que sin embargo serían aplaudidas por el público.

Pongamos el ejemplo de los bancos. El estudio RepCore® Banca 2024 de Reputation Lab, que analiza la reputación de las principales entidades financieras en 15 países iberoamericanos, concluye que el indicador medio de reputación de los bancos españoles es el más bajo de todos, queda 9 puntos por debajo de la media iberoamericana, obteniendo sus peores valoraciones en algunas variables de gran importancia para los consumidores como "acceso al crédito", "cuidado al cliente", "educación financiera", "apoyo al emprendimiento", "transparencia", "comportamiento ético" o "cuidado del medioambiente".

No se trata de entrar aquí a valorar si estas percepciones hacen justicia a la realidad de nuestros bancos y la calidad de su gestión, pero es la percepción (reputación) y no la realidad, lo que mueve los comportamientos de las personas, por lo que es incuestionable que los bancos tienen un problema que va más allá de las necesidades de financiación del Gobierno de turno y deberían hacérselo mirar.

Usando los datos del mismo estudio podemos afirmar que la licencia social de operar de los bancos está bajo mínimos. De hecho, ante la pregunta de si "el Gobierno debería introducir nuevas regulaciones a la actividad de los bancos para proteger a los consumidores", un 65% de los españoles está de acuerdo y sólo un 7% en desacuerdo. Y ante la pregunta más directa sobre si "el Gobierno debería imponer impuestos adicionales a la actividad de los bancos para gravar sus beneficios", un 53% está de acuerdo y sólo un 14% en desacuerdo.

Es posible que usted o yo estemos en desacuerdo con esta medida, pero también le digo que de ser así nos encontramos en minoría, y la democracia consiste en respetar la voluntad de la mayoría.