La injusta y chapucera tasa a la banca

El Gobierno sacó adelante en el Congreso el pasado 21 de noviembre su nuevo impuesto a la banca, que supone la prolongación de la tasa temporal que se implantó al sector en 2022 por el contexto positivo que suponía para las entidades el ciclo de subidas de tipos iniciada en dicho ejercicio.

Vaya por delante que castigar al sector por aprovechar dicho escenario beneficioso tras más de una década con los tipos al cero por ciento que socavaron la rentabilidad fue injusto.

Como también lo es extender dicho tributo en un momento de normalización de la política monetaria en la eurozona, que ya frena los márgenes de la banca. Pero es que además de injusto el nuevo impuesto del Ejecutivo supone una chapuza en toda regla, hasta el punto de que podría ser tumbado en el futuro por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ello debido al incomprensible error de pedir tarde el informe al BCE que exige la normativa europea. En concreto, los Gobiernos deben consultar al eurobanco cualquier cambio normativo que afecte a la banca y que pueda influir significativamente en la estabilidad de las entidades y los mercados financieros. Unos requisitos que, evidentemente, el impuestazo cumple.

Pese a ello, la tardanza del Ejecutivo en solicitar el informe impedirá a los partidos introducir enmiendas tras el dictamen del BCE, al estar ya cerrado el plazo de tramitación parlamentaria. Ante este menosprecio, el BCE puede presentar recurso al TJUE, lo que podría llevar al fin de la tasa. Todo ello evidencia la precipitación con la que el Ejecutivo ha impulsado sin argumento alguno un tributo que por si fuera poco supone un perjuicio para la economía, ya que cercena la concesión de crédito por parte de las entidades.