El impuesto a la "usura" en el paquete fiscal (I)

A todos nos parece mal la "usura", especialmente si hay un lucro excesivo por parte del prestamista, y, además, de paso, no paga impuestos. Pero, el concepto de lo que son préstamos usurarios ha ido variando. Sin embargo, la crítica de la actividad bancaria no es de hoy, ni tampoco progresista. Ya Aristóteles hace 2.300 años consideraba usura cualquier préstamo con interés, ya que lo consideraba anti-natural: la cabra no da cabritos, pero el dinero no da dinero. Pero, si hay que tomar a este filósofo como referencia, entonces lo natural es la esclavitud y el trabajo remunerado tampoco es natural.

En una economía del siglo XXI, evidentemente el crédito es necesario, y también el trabajo remunerado, y sólo consideramos la usura como el cobro excesivo de intereses. Pero, para evitar que estos intereses sean excesivos, sólo hay dos vías, una es que los costes de prestar no se disparen, y la otra es que haya competencia a la hora de prestar. Un impuesto a los bancos les supondrá un coste, que de alguna forma repercutirán a los clientes. Incluso si no lo hacen, entonces los bancos tendrán menos fondos propios, lo que limitará su capacidad de préstamo, y un crédito más escaso es, siempre, y por definición más caro. Por supuesto, cualquier actividad soporta impuestos, con lo que la primera pregunta en este debate debería ser: ¿Cuántos impuestos están pagando los bancos? ¿Es cierto que pagan muchos menos impuestos que otras empresas?

De acuerdo con los datos de 2022, que son los últimos disponibles, las entidades de crédito pagaron casi 1.367 millones de euros en el impuesto de sociedades por sus beneficios. Es cierto que el resultado contable positivo de las entidades de crédito fue de 21.703 millones de euros. Pero, buena parte del resultado se obtuvo fuera de España, por lo que no pagó aquí el Impuesto sobre Sociedades, sino en los países donde se obtuvo. Si de estos 21.703 millones se restan los importes exentos porque se han obtenido en el extranjero, dividendos, plusvalías y otras rentas, que ascendieron a 12.988 millones de euros, nos quedan 8.715 millones de euros ganados en España. Esto nos da una tasa efectiva de imposición del 15,68% que es algo inferior a la de otras grandes empresas, pero no anormalmente baja. Hay más razones, pero una de las causas importantes de que la Banca pague algo menos de impuestos sobre sus beneficios el régimen de activos fiscales diferidos, que es discutible, pero que refleja que durante la gran crisis financiera la Banca perdió mucho dinero.

En 2023, el "gravamen" sobre entidades de crédito obtuvo una recaudación de 1.264 millones de euros. Si los bancos no hubiesen repercutido nada ni a los clientes a ni a los depositantes, entonces, los accionistas estarían soportando una tributación efectiva más alta, casi el doble, que la que tenían antes del impuesto, y bastante más elevada que la de otros sectores, y también que la de los bancos de otros países.

En el anterior gravamen estaba prohibido expresamente repercutir económicamente esta carga a los clientes. Sin embargo, la normativa bancaria europea obliga a incluir todos los costes en los préstamos a clientes. Además, en todo el proceso de subida de los tipos de interés, hubo reiteradas quejas porque la Banca española subió menos los intereses de los depósitos que las entidades del resto de Europa. En cualquier caso, las entidades, pese a que hay menos competencia que hace unos años, probablemente tuvieron una disminución de beneficios a consecuencia del gravamen. Esto supone menos fondos propios, lo que limitó, y limitará en el futuro su capacidad de préstamo. Y esto reduce el consumo, pero sobre todo la inversión de las empresas, lo que supondrá menor crecimiento económico en el futuro.

El nuevo impuesto a la Banca tiene, eso sí, algunas mejoras respecto del gravamen. En primer lugar, se le denomina como lo que es, un impuesto, plenamente sometido a las exigencias que exige la Constitución, y la primera de ellas es que se tribute de acuerdo con la capacidad económica. El anterior gravamen no respetaba el principio de capacidad económica y podía llegar a ser confiscatorio. La clave es que tanto la anterior "prestación patrimonial de carácter público no tributaria", como el futuro impuesto hacen tributar el margen de intereses y comisiones, es decir la diferencia entre intereses y comisiones cobradas frente a lo pagado por estos dos conceptos. Aquí no se incluyen otros conceptos de gasto como el personal, amortización de edificios… que son recurrentes. Sin embargo, el tipo es más bajo.

Pero, ¿qué ocurre si el banco tiene que provisionar porque no le devuelven los créditos? En ese caso, el banco tenía que seguir pagando el gravamen, aunque tuviese pérdidas. En mi libro Y esto, ¿Quién lo paga? (Debate 2023) hago la simulación del gravamen con las cuentas del Banco Popular de 2016 y 2017. Resulta que ambos ejercicios, este banco tuvo pérdidas de 3.326 y 13.594 millones de euros, pues le salían a pagar 89 y 105 millones de euros por supuestamente obtener "beneficios extraordinarios" que es lo que pretendía hacer tributar el gravamen.

Ahora, el nuevo impuesto incluye una deducción si la rentabilidad sobre activos es inferior al 0,7%. Esto acaba con la confiscatoriedad del impuesto si se tiene una escasa rentabilidad o se tienen pérdidas. Además, se deduce del impuesto bancario el 25% de la cuota líquida del impuesto de sociedades. Esto no elimina la doble imposición, pero la atenúa. Esta sobreimposición, que los bancos tengan que pagar más impuestos podría estar justificada, pero sólo si se considera que el crédito es una actividad desaconsejable o que paga demasiados pocos impuestos. Sinceramente, a la luz de los datos, no parece un planteamiento justificado, ni tampoco, precisamente, moderno. Lo único que justificarían las cifras sería reformar el Impuesto sobre Sociedades, si creemos que las grandes empresas deben pagar más, pero no crear impuestos sectoriales sobre márgenes, especialmente en sectores que son imprescindibles para la economía. Y si tenemos un problema grave de falta de inversión, y el caso más evidente, y sangrante, es en la inversión en vivienda, lo que no deberíamos implantar son impuestos que reducen y hacen más caro el crédito. Como veremos el próximo día, la estructura del nuevo impuesto penaliza especialmente a las pymes y, entre ellas, las promotoras de vivienda.

Para concluir este primer vistazo al impuesto, ¿Qué ocurrirá con la recaudación? Hasta ahora, el gravamen bancario era un ingreso del Estado, pero ahora la recaudación del nuevo impuesto a la Banca se cede a las CCAA. Pero, el reparto de la recaudación se hará fuera del sistema de financiación autonómico, y en función del PIB de cada una de ellas. El principio básico del sistema de financiación de las CCAA es percibir los recursos en función de la población ajustada, es decir de las necesidades de gasto. Este criterio de reparto no me parece ni razonable, ni equitativo, ni solidario, porque supone simplemente que las Administraciones de los territorios más ricos perciban más recursos.

Aunque, lo que si respeta este reparto es el principio de "ordinalidad", según se define en el acuerdo ERC-PSC de "financiación singular para Cataluña" (o concierto económico para Cataluña): como los bancos, por sus operaciones en Cataluña, pagarán más impuestos que por sus operaciones en territorios más pobres, la Generalitat tiene que percibir más ingresos por habitante que las administraciones de las CCAA más pobres. Obviamente, y no solo por la "singularidad", tengo la misma opinión sobre el acuerdo ERC-PSC de concierto para Cataluña, que tampoco me parece razonable, ni equitativo ni solidario, pero de eso hablaremos en otra ocasión.

El anterior gravamen bancario tenía muchos problemas, pero la justificación era que el Estado recaudaba más. Ahora, el nuevo impuesto, pese a alguna mejora, va a seguir dando problemas, pero el Estado no recaudará y casi la mitad del dinero irá a las Administraciones Autonómicas del País Vasco, Madrid y Cataluña. ¿Merece la pena? La semana que viene les sigo contando.