Seguridad y protección para los clientes financieros

La aprobación en el Congreso de la Ley para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero está cada vez más cerca, tras el paso de superar la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular, que hace un año se había abstenido en la tramitación parlamentaria de esta necesaria ley. Un nuevo hito en la transformación económica de nuestro país y en la modernización de las administraciones públicas.

Con esta ley, pero sobre todo con la creación de esta Autoridad Independiente, se concluiría uno de los objetivos fijados por el Gobierno de España durante estos años, que es culminar un sistema de protección e inclusión de los clientes financieros más garantista.

Un proyecto legislativo demandado por la sociedad, ampliamente consensuado con los sectores implicados y que va a permitir la resolución extrajudicial de conflictos de forma vinculante entre las entidades financieras y sus clientes, en un plazo de 90 días. Lo hará unificando criterios y concentrando en un mismo organismo la resolución de todas las reclamaciones que actualmente resuelven el Banco de España, la Comisión Nacional de Mercado de Valores y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, como organismos supervisores. Reforzando, de esa forma, la mencionada resolución extrajudicial de conflictos.

Una Autoridad que resolverá reclamaciones relativas al incumplimiento de las normas de conductas, las buenas prácticas y los protocolos firmados por las entidades, ahora sí de forma vinculante, incluyendo el carácter abusivo de las cláusulas contractuales. Las resoluciones de dicha Autoridad serán vinculantes para las entidades financieras para toda cuantía inferior a 20.000 euros, lo que representa aproximadamente el 95 por ciento de las reclamaciones que tramitan actualmente los supervisores financieros.

Gracias a ello, los clientes financieros tendrán a partir de ahora un mecanismo para reclamar de forma ágil y gratuita, a la vez que más sencilla y eficaz, voluntaria para los clientes, pero obligatoria para las entidades financieras una vez que el cliente ha acudido a ella, y que reduce las trabas y tramitaciones que lleva aparejado el procedimiento judicial civil para la resolución de reclamaciones financieras.

La resolución de reclamaciones abarca también los incumplimientos de los códigos de autorregulación voluntariamente suscritos por las entidades financieras, de los usos financieros o por la inclusión de cláusulas contractuales que hayan sido declaradas abusivas.

Así, se abre una ventana de oportunidades para la ciudadanía ante problemas cotidianos y habituales como recurrir ante el cobro de una comisión que no obedece a ningún servicio solicitado, la devolución por parte del banco de un recibo sin informar al cliente o ante la imposición de una tasadora específica en la contratación de una hipoteca, podrán recurrir fácilmente, obteniendo una mayor protección y seguridad como clientes financieros.

Este organismo va a facilitar a la ciudadanía en general el derecho a reclamar sin tantos obstáculos porque, hasta ahora, la resolución vinculante de una disputa solamente era alcanzable en vía judicial, con los costes e incertidumbre adicional y el tiempo que ello implica para nuestros ciudadanos.

Un ejemplo con el que esto se ve claro, es el dato de que los tribunales especializados en cláusulas abusivas, ciber fraudes o tarjetas revolving tienen actualmente pendiente de trámite más de 140.000 reclamaciones, como se desprende de los datos del Consejo General del Poder Judicial, sin contar otros procedimientos de consumo financiero que no se incluyen en esta estadística.

Sin duda, una de las ventajas para los clientes financieros de la creación de esta Autoridad es la gratuidad de las reclamaciones, ya que se prestará una atención personalizada, particularmente a las personas mayores, con discapacidad y colectivos vulnerables que deseen presentar una reclamación de forma presencial, telefónica o telemática.

Y también da la posibilidad de la apertura del régimen de entidades colaboradoras con la Seguridad Social, para avanzar en la lucha contra la discriminación por IBAN, y permitir a las entidades de pago realizar estos servicios en pie de igualdad con los bancos. Así como la clarificación del procedimiento de inscripción en el registro de proveedores de servicios de criptoactivos.

Hablamos, también, no solo de una ley necesaria, sino de una ley de obligada trasposición de la Directiva europea relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, aprobada durante la etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España pero que, como otros tantos asuntos, solo ha visto la luz bajo el mandato del Gobierno de Pedro Sánchez. En definitiva, de un proyecto estratégico y prioritario para garantizar la inclusión y seguridad de la ciudadanía en su relación con las entidades financieras, y, muy especialmente de aquellos más vulnerables.