Paisaje después de la batalla fiscal

El pasado jueves, el Pleno del Congreso aprobó una serie de subidas de impuestos junto con el nuevo impuesto mínimo del 15% a las multinacionales. Esto pone el punto y aparte en la tramitación del denominado "paquete fiscal", que algunos consideran una reforma fiscal y otros, un conjunto de chapuzas. Recordemos que el texto se remite al Senado, que podría introducir enmiendas o incluso vetarlo, y que tiene que estar en el BOE el 31 de diciembre próximo. En principio, si ha habido mayoría, 178 votos a favor, para aprobarlo debería haberla para mantenerlo tal cual a la vuelta en el Congreso. Sin embargo, entre la comisión de Hacienda del lunes y el Pleno del jueves hubo "cambios de opinión" de varios grupos, lo que indica que podría haber modificaciones. Además, el voto a favor de varios grupos se hizo a cambio de un nuevo tributo a las energéticas que no tiene votos, en principio, para salir adelante. Seguimos en la incertidumbre.

Antes de entrar en algunos nuevos impuestos, un breve comentario sobre procedimiento. Una norma fiscal compleja, que afecta a múltiples impuestos necesita reflexión y que se evalúen las consecuencias. Esto sólo ha sucedido respecto del tipo mínimo a las multinacionales. Esta norma lleva casi un año de retraso, y había que aprobarla porque de no hacerlo perdíamos todos, incluyendo las grandes empresas que tienen que pagar el tributo. Esta norma no es una modificación del impuesto de sociedades, sino una serie de nuevos tributos, complementarios, para que los grandes grupos multinacionales paguen un mínimo del 15% sobre su beneficio mundial. Esto forma parte de los acuerdos de la OCDE, denominados pilares acordados por el grupo del marco ampliado, es decir más de 130 países. En Europa, es una directiva que debíamos haber traspuesto el 1 de enero, y por la que tenemos un expediente abierto por incumplimiento. Si el 31 de diciembre el impuesto no está en vigor, la multa será inevitable, y perderemos la recaudación del impuesto. Pero, además las grandes empresas tendrán que pagar los tributos en otros países. Lo peor es que las grandes empresas españolas tienen aquí, en España, el personal y los medios para calcular y presentar un impuesto que es particularmente complejo.

Por todas estas razones, y habiendo consenso político para aprobar el tipo mínimo, probablemente no haya sido una idea muy feliz ampliar durante varios meses el periodo de enmiendas del proyecto para colgar de ahí, vía enmiendas, el paquete fiscal. Bajo esta denominación, lo que hay son enmiendas que suponen nuevos tributos y subidas de impuestos fundamentalmente. Esto se debatió en una comisión de Hacienda el pasado lunes tras dos aplazamientos previos. Además, esta comisión tuvo un desarrollo accidentado, por ser suaves, en el cual el presidente de la Comisión interrumpió la votación durante varias horas, entre la votación de las diversas enmiendas y la votación del dictamen. Más allá de que esto sea insólito, y muy probablemente contrario al artículo 80 del Reglamento del Congreso, que señala literalmente que "las votaciones no se interrumpirán por causa alguna", el problema es que se dio una impresión de mercado persa con los impuestos que tendrán que pagar el año que viene los españoles. Al final, tanto en la comisión de Hacienda, como en el Pleno del Congreso se aprobó este paquete fiscal en un ambiente político de batalla, aunque no sólo por temas fiscales.

El paisaje que queda es que, para empezar, el tipo mínimo del 15%, la trasposición española de la directiva para que los grandes grupos multinacionales complementen su impuesto sale adelante. Además, por otra parte, se han caído el impuesto al diésel, así como la subida fiscal del 8% a los seguros de salud. Esto quiere decir que casi todos los hogares, salvo los que tengan rentas del ahorro por encima de 300.000 euros se libran de la subida fiscal, al menos de forma directa.

De todas estas propuestas, el incremento fiscal a los seguros de salud era la peor, y más inoportuna idea, porque hubiese encarecido las prestaciones sanitarias privadas, lo que llevaría a sobrecargar aún más la sanidad pública. El mismo grupo al que se le ocurrió presentar la enmienda para subir los impuestos en la sanidad privada, Sumar, está proponiendo, al mismo tiempo, acabar con MUFACE en unos meses, lo que incluiría 1 millón más de usuarios en la sanidad pública de forma inmediata. Todo esto es un indicativo de que su ideología está primando sobre la realidad, que es la de un sistema sanitario público tensionado y con listas de espera.

En lo que respecta a las empresas, también la ideología de algunos grupos se ha querido imponer, en algunos casos, a la realidad. Por una parte, no se ha prorrogado el impuesto a las energéticas, ante la amenaza de las empresas de no realizar inversiones. Pero, hay un compromiso político de presentar una proposición de ley con un nuevo impuesto, "que no grave las inversiones para la transición ecológica". La práctica totalidad de las inversiones de las empresas energéticas las hacen, al menos sobre el papel, con ese objetivo, con lo que no parece que el impuesto vaya a recaudar gran cosa. Entonces, ¿para qué se hace? En cualquier caso, es imposible tramitar una proposición de ley de aquí al 31 de diciembre, salvo que el PP estuviese de acuerdo, que no parece estarlo. Si no es así, el acuerdo estipula que el Gobierno prorrogará el gravamen existente sobre las energéticas por Decreto-Ley. Pero, no hay mayoría para aprobarlo, al menos no en este momento, porque Junts se opone y sus votos son imprescindibles. Y la prueba del nueve de que no hay votos es el que el jueves no salió adelante. En esta situación de incertidumbre, muchas empresas energéticas no invertirán hasta que todo esto se aclare, y a lo mejor tarda tiempo.

El clima de incertidumbre, y de batalla fiscal con los impuestos no es bueno. Aunque, por ejemplo, el Pleno del Congreso ratificó el régimen fiscal de las Socimi, con una votación en el mismo sentido que la comisión, sin embargo, en lo que se refiere la Banca, no sólo se reintrodujo el impuesto, sino que se endureció. En estas circunstancias, nadie está seguro de que el régimen de las Socimi no vuelva a estar en cuestión por la cambiante coyuntura política. Sin conseguir recaudar nada, como en el caso de las energéticas, simplemente la incertidumbre disminuye la inversión.

Sobre el nuevo impuesto a la Banca habrá que comentarlo en profundidad otro día. Pero, hay dos apuntes que me gustaría adelantar. Por una parte, y esto ha pasado desapercibido, al ser un impuesto progresivo, en función del tamaño, esto disuade no sólo el crecimiento y el que los bancos den más crédito, sino también los procesos de concentración, si luego se fusionan en una sola entidad. La segunda cuestión es que la recaudación de este nuevo impuesto se cede a las CCAA. Pero no se incluye en el sistema de financiación, sino que el reparto de su recaudación se hará en función del PIB de cada Comunidad Autónoma. La regla básica del sistema de financiación de las CCAA es que los recursos se perciben según población (ajustada) con el fin de que no se perjudique a las comunidades más pobres.

A mí me parece que repartir entre CCAA la recaudación de un impuesto en función del PIB de cada una de ellas no es razonable, ni equitativo, ni mucho menos solidario. Pero, evidentemente, la mayoría del Congreso que ha aprobado esta enmienda tiene un criterio contrario. No sé si esta misma mayoría está a favor de extender este criterio al conjunto de impuestos que forman el sistema de financiación, lo que favorecería, por este orden a Madrid y Cataluña. Quiero creer que no. Pero ya tenemos un precedente, que evidentemente se utilizará en otra batalla política, mucho más importante, la de la financiación singular, más conocida como el concierto para Cataluña.