Reducción de la jornada laboral: Un mandato constitucional y una necesidad social

El debate sobre la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial en España no es una cuestión menor ni únicamente económica; es una exigencia de justicia social, de salud y de constitucionalidad. La Constitución Española, en su artículo 40.2, establece que los poderes públicos deben garantizar el descanso necesario de las personas trabajadoras a través de la limitación de la jornada laboral. Este principio, consagrado en nuestra norma suprema, convierte la reducción de la jornada laboral en un mandato constitucional que no debe ser ignorado.

Reducir la jornada laboral mejora la calidad de vida de las personas trabajadoras y, en última instancia, incrementa la productividad. Trabajar menos horas no solo significa más descanso y salud para las personas; también favorece una mayor concentración, un menor desgaste y una disposición más eficiente en el trabajo. Trabajar menos es trabajar mejor. Es hora de que dejemos atrás modelos caducos e ineficaces basados en largas jornadas y bajos salarios y avancemos hacia una organización laboral acorde al siglo XXI, apoyada en la digitalización y en modelos de gestión modernos que apuesten por el bienestar y la salud de las personas.

Ante la falta de apoyo de la CEOE a la última propuesta del Gobierno, es el Ejecutivo quien debe dar el siguiente paso. Al no sumarse a esta iniciativa, la patronal deja pasar la oportunidad de respaldar una demanda social ampliamente reclamada. Los representantes empresariales han solicitado que se respeten los convenios colectivos vigentes hasta su finalización, pero sin presentar propuestas concretas ni un compromiso firme para avanzar en un acuerdo tripartito en esta cuestión. Desde el movimiento sindical planteamos una pregunta clara: ¿Cómo actuarán y cuál será su propuesta concreta cuando estos convenios expiren?

La historia de la negociación colectiva nos muestra que, en ocasiones, invocar esta vía sin un compromiso real en su ejecución sólo refleja una resistencia a las demandas de la sociedad española. Un ejemplo de ello fue el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) de 2018, que incluía un salario mínimo de 14.000 euros en los convenios colectivos, pero cuya aplicación solo fue posible cuando se formalizó, ya en 2022, mediante el Real Decreto de Salario Mínimo Interprofesional, y que, sorprendentemente, obtuvo la negativa de quienes se habían obligado cuatro años antes en alcanzar esa cifra a través de la negociación colectiva.

Este cambio debe alcanzar a toda la población trabajadora, sin importar si está amparada por un convenio colectivo o si, lamentablemente, su trabajo ha visto la negociación colectiva paralizada durante años, o directamente no hay convenio al que acudir. En muchos sectores, las personas trabajadoras siguen sujetas a condiciones obsoletas por la inacción de algunas patronales o por la simple inexistencia de una patronal con la que negociar.

La reducción de jornada debe ser universal y no debe depender de si existe o no un convenio activo que aplicar. La sociedad española no puede permitirse seguir generando brechas sociales entre quienes disfrutan de avances laborales y quienes, por razones estructurales, continúan rezagados. Por eso defendemos que la jornada máxima legal en nuestro país, establecida en la ley a través del art.34 del ET, debe ser modificada por ley. En este caso necesidad social y la técnica legislativa exige avanzar de la mano.

Para aquellos sectores o empresas más reacios a adaptar sus negocios a los nuevos tiempos, cabe recordar que la medida propuesta supone una reducción de una media de una hora a la semana, extendiéndose a 2.5 horas en aquellos casos en que la negociación colectiva no ha avanzado en más de 40 años. Adaptarse a esta realidad implica adoptar nuevas tecnologías, digitalización y modernización en la organización empresarial. Quienes no asuman este desafío están comprometiendo su viabilidad en un mercado globalizado e interconectado. No adaptarse no es solo una mala política social; es una mala política empresarial de competitividad. Los interlocutores sociales tenemos la responsabilidad de no aceptar un país dividido en sectores modernizados y otros estancados en condiciones que no responden a las necesidades y desafíos del presente.

Finalmente, esta propuesta de reducción de la jornada laboral va de la mano de un adecuado registro de jornada. UGT, consciente de la importancia de esta herramienta, ha lanzado una app para que las personas trabajadoras puedan llevar el control de su tiempo y proteger así sus derechos. Este tipo de iniciativas son esenciales en un contexto donde el trabajo debe ser una fuente de bienestar y no de agotamiento.

Este próximo Congreso Confederal de UGT, que se celebrará en Barcelona los días 25, 26 y 27 de noviembre, será el escenario para reafirmar nuestro compromiso en esta lucha. Una jornada laboral más corta es una inversión en una sociedad más justa, más saludable y más productiva.