Continúa el 'castigo' a la empresa

La retirada del impuesto temporal a las energéticas no quiere decir que el Gobierno vaya a virar en su estrategia de castigar fiscalmente a las empresas de manera continuada. Primero porque la renuncia a este tasa se debe a la falta de apoyos en el Congreso tras la negativa de Junts. Pero también porque el otro impuestazo, el de la banca, seguirá vigente durante otros 3 años.

Por si fuera poco, el Ejecutivo aprovechó que los focos estaban puestos en estas tasas para colar por la puerta de atrás una batería de subidas fiscales. Algunas de ellas afectarán a muchas personas, como es el caso de las alzas impositivas al diésel, vapeadores y tabaco. Otras a las rentas altas, objetivo también habitual del Ejecutivo, que pagarán más por sus ahorros.

Pero el Gobierno se reservaba la guinda del pastel para el Impuesto de Sociedades. Para empezar recupera las modificaciones a este tributo que llevó a cabo el exministro Cristóbal Montoro en 2016 y que tumbó el Constitucional, que restringe las deducciones fiscales. Además, el Ejecutivo extenderá dos años más el límite del 50% para compensar pérdidas para las empresas.

Y, por último, la implantación del nuevo gravamen mínimo del 15% para los grandes grupos. Estas tres modificaciones en Sociedades supondrán una recaudación extra de 3.300 millones, lo que compensará, y de sobra, los 1.200 millones que se dejarán de ingresar por el fin del impuestazo a las energéticas. Queda así patente que el Gobierno prosigue adelante en su estrategia impositiva basada en el continuo castigo a las empresas. Una política fiscal que reduce la productividad y la competitividad de los negocios y que supone un freno al empleo. Por tanto, resulta contraproducente a la larga para el conjunto de la economía.