Sin credibilidad ante la UE

El Gobierno apuró los plazos al máximo al presentar el pasado 15 de octubre su senda de estabilidad de los próximos años para garantizar el cumplimiento de los límites establecidos por las reglas fiscales de la UE. Pero ese mismo día el Ejecutivo también debería haber remitido a Bruselas el plan presupuestario que sustenta la hoja de ruta de reducción de déficit y deuda hasta 2031.

Es cierto que el Ejecutivo comunitario acostumbra a conceder cierto margen para que los países remitan las cuentas del año siguiente, aunque dicho plazo extra es cuestión de días, no de semanas.

Por tanto, Moncloa ya ha superado la "flexibilidad limitada" que otorga Bruselas. Pese a ello, el Gobierno ya ha anunciado que no remitirá el Plan Presupuestario hasta que presente las cuentas públicas de 2025. El problema es que lograr los apoyos necesarios para sacar adelante dichas cuentas que sustentan la política económica y fiscal del próximo año se antoja complicado debido a la debilidad parlamentaria del Ejecutivo.

No en vano, formaciones como Podemos y Junts ya han anunciado que, de momento, no tienen intención de apoyar los nuevos Presupuestos. En este contexto, resulta poco creíble un plan de control de las cuentas públicas hasta 2031 si el Estado sigue sujeto a la hoja de ruta fiscal definida en 2022, la última que se aprobó. Por si fuera poco, en 2025 entra en vigor el concierto catalán, lo que trastoca por completo el esquema de ingresos y gastos de las administraciones.

El Gobierno, por tanto, lo tendrá muy complicado para convencer a Bruselas de un plan fiscal sin Presupuestos con el que pretende reducir el déficit progresivamente hasta el 0,8% en 2031, ya que se trata de una hoja de ruta que es solo papel mojado sin credibilidad para la UE.