Lealtad institucional

Lealtad institucional. Probablemente esta haya sido la expresión mas usada y repetida por el presidente del Gobierno, los ministros autómatas y sus monaguillos para denostar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su negativa a acudir a la cita en La Moncloa. Negativa que, lejos de ser absentismo laboral como la calificó la vocera del Ejecutivo, era una demostración de productividad dada la inutilidad del encuentro ante los hechos consumados de Sánchez pactando la independencia fiscal de Cataluña con los independentistas y rompiendo la solidaridad y la igualdad entre los españoles.

Pero al hilo de la lealtad institucional me vinieron inmediatamente a la memoria las palabras del expresidente portugués Antonio Costa, cuando en noviembre de 2023 presentó la dimisión como jefe de un gobierno con mayoría absoluta ante la apertura de investigación en un caso de tráfico de influencias, corrupción y prevaricación en proyectos energéticos, por ser "incompatible" con la dignidad del cargo, y también con la dignidad política y personal. Presuntos delitos los dos primeros similares a los que se investigan en el caso de Begoña Gómez, que no le afectaban directamente a él sino a algún ministro en su gabinete.

"La dignidad de las tareas de un primer ministro no son compatibles con ninguna sospecha sobre la integridad, el buen comportamiento y menos aún con cualquier tipo de acto delictivo", afirmó Costa en su renuncia. Palabras que contrastan vivamente con los que está sucediendo hoy en España donde asistimos a la agonía de un gobierno y de un presidente que aceptó ser investido por un delincuente fugado de la justicia y pactando con los herederos de una banda terrorista. ¿Es esa la lealtad institucional que ahora pregonan?

¿Es lealtad institucional pactar la independencia fiscal de una parte del Estado rompiendo la igualdad de los españoles y la solidaridad entre regiones por siete votos para mantenerse en el poder?

¿Es lealtad institucional pactar la excarcelación de asesinos convictos cediendo al chantaje de los enemigos de España y humillando a las víctimas del terrorismo?

¿Es lealtad institucional colonizar las instituciones, intentar amordazar a la prensa independiente, atacar a los jueces y atentar contra la división de poderes que es la esencia de la democracia?

¿Es lealtad institucional utilizar la sede de la Presidencia del Gobierno para negocios particulares y poner la Fiscalía y la Abogacía del Estado al servicio de intereses personales y utilizarlas para acosar a un rival político?

¿Es lealtad institucional, en fin, esquilmar con impuestos a las empresas y a los ciudadanos o convertir en permanente un impuesto temporal para pagar el aumento desmesurado del gasto público, generando inseguridad jurídica, expulsando la inversión y empobreciendo el país?

Son algunas preguntas que me suscitan las exigencias de lealtad constitucional sólo a una parte cuyas respuestas dejo, amigo lector, a su libre albedrío y entender, pero que me impulsan a reproducir las palabras de Felipe González cuando en una reciente entrevista afirma que "se puede y se debe cambiar de opinión pero tener que rectificar a diario es de necios". "Una cosa es pactar la gobernabilidad y la otra es hacerlo de manera mercenaria solo para seguir en el poder". Amén

Y hablando de la lealtad institucional y de sus circunstancias habrá que ver si ahora desde la cúpula del Partido Popular son capaces de ver la jugada y no caer en la trampa que vuelve a repetir el sanchismo para fomentar la división de la oposición mayoritaria, intentando provocar el enfrentamiento entre Núñez Feijoo y Díaz Ayuso. Trampa en la que cayó ingenuamente Pablo Casado, espoleado por sus celos políticos y por los infaustos consejos de algunos de sus más directores asesores, y que ya vimos como terminaron todos. Como el protagonista del cuento del Decamerón, cornudos y apaleados.