El supuesto de los Presupuestos de 2025

Angustiado ante la certeza de perder una nueva votación en el Congreso, ya van 35 desde el inicio de legislatura, el gobierno dio la espantada y ordenó retirar el techo de gasto del orden del día del Pleno del Congreso para humillarse en una nueva negociación con el fugado de la Justicia Puigdemont e implorarle el apoyo de sus diputados al paso previo e imprescindible para aprobar los Presupuestos.

Un negociación que, sin duda, va a ser más una imposición, en la que el resultado va a depender de lo que Sánchez sea capaz de ceder ante al enésimo chantaje de los independentistas. Y no lo duden, cederá lo que haga falta porque en La Moncloa son plenamente conscientes de que como le indicó desde la oposición el propio Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en 2018 "sin presupuestos no se puede gobernar", a pesar de los argumentarios falaces del gobierno incidiendo en que si se prorrogan las cuentas, y ya serían dos años, no va a pasar nada. Pero como decíamos hace unos días en estas mismas páginas, sí pasa, mucho y malo.

Prorrogar los Presupuestos implica serias dificultades para responder a los cambios económicos, la imposibilidad de aplicar nuevos políticas públicas o planificar proyectos a largo plazo, restricciones de inversión, incumplimiento de compromisos internos y exteriores y rigidez fiscal, con graves repercusiones sobre la economía y al empleo, además desconfianza en los mercados financieros con dificultades para colocar la deuda y subida de los intereses.

Ahora, parece que las nuevas exigencias de los puigdemones pasan por hacer efectiva la propuesta que aprobó el Parlamento catalán en 2014. En ella pedían que las comunidades autónomas reciban un tercio, como mínimo, de la totalidad de la capacidad de déficit de todas las Administraciones Públicas que, de acuerdo con los compromisos adquiridos con las instituciones comunitarias en el caso de la Generalitat de Cataluña, incrementaría en 1.800 millones de euros la capacidad de endeudamiento. Pero lo más alarmante no es lo que se sabe, sino lo que queda bajo la mesa en esas negociaciones clandestinas. Y conociendo los antecedentes y a los personajes, póngase sin dudar en lo peor. Lo peor para la igualdad entre los españoles, para la seguridad jurídica, para el Estado de Derecho y para la democracia. Todo para que Sánchez siga durmiendo en La Moncloa, sin gobernar y dejando el futuro de España en las manos de quienes quieren destruirla.

Y frente a esto en los círculos políticos son muchos los que empiezan a preguntarse ¿qué hace el PP? ¿A nadie en el Grupo Popular se le ha ocurrido convocar la Comisión de Presupuestos para controlar su ejecución? ¿Qué hacen los portavoces del Economía y de Presupuesto? Cierto que el concierto catalán o la inmigración son cuestiones de la máxima urgencia y gravedad, pero la recesión de la economía y el empobrecimiento general también merecen una atención prioritaria sobre todo cuando acabamos de conocer el desplome del salario más habitual en nuestro país: 14.589 euros brutos anuales que suponen 4.000 euros menos que en el año pasado.

España es también el país europeo en el que más ha caído la renta per cápita en paridad de poder adquisitivo, con una renta per cápita que está un 14% por debajo de la media europea y el poder de compra de los españoles ha caído en 5,5 puntos entre 2019 y 2023. Desde que Sánchez llegó al gobierno España ha pasado de tener un 92,8% del PIB en paridad de poder de compra sobre la media UE en 2017 a sólo 88,6% en la actualidad. Una pérdida que nos ha vuelto situar entre los países pobres de la Unión.

Además, en la España de Sánchez viven 12,7 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, el 26,5% de la población total con datos del indicador de la Unión Europea Arope. Este es el "progreso económico y social de España", del que presumía la vicepresidenta y ministra de Hacienda este jueves en su esperpéntica e insustancial, como es habitual en ella, intervención ante el Pleno del Congreso. Repetir una vez más la frase emblemática de la campaña electoral de Bill Clinton en 1992: "¡es la economía, estúpido!".