Un sistema público de pensiones sostenible

Una de las mayores fortalezas de un Estado del Bienestar es la capacidad de garantizar unos servicios públicos de calidad, de forma universal y gratuita, como la educación, la sanidad o las políticas de dependencia, pero también la capacidad de protección social y de garantizar la igualdad de oportunidades que viene de la mano de medidas como las prestaciones por desempleo o las prestaciones por jubilación.

En los últimos años se han venido desarrollando teorías, con el apoyo de formaciones políticas de derechas, para desacreditar el sistema público de pensiones o advertir amenazas sobre su capacidad de perdurar en el tiempo.

La realidad es muy distinta a todo ello. Estos días, comprobábamos como la Seguridad Social atraviesa una etapa de bonanza provocada por el incremento en el primer semestre del año de los ingresos, logrando superávit de 3.101 millones hasta julio, tras ingresar un 7,5 por ciento más por cuotas, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por tanto, cuando hablamos de superávit estamos hablando de que los ingresos por cotizaciones son mayores que el gasto en pensiones contributivas, que en este primer periodo del año han ascendido a 130.577 millones de ingresos, frente a los 127.476 millones de gastos.

La fuerte creación de empleo, con más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, la cifra más alta de la serie histórica es un factor determinante para ese incremento de las cotizaciones.

Otro factor que hace sostenible el sistema público de pensiones es también el incremento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido comúnmente con Hucha de las Pensiones, que ha registrado este 2024 su nivel más alto desde 2018, acumulando a 31 de mayo un total de 7.022 millones de euros gracias del incremento al Mecanismo de Equidad Intergeneracional que entró en vigor en 2023.

El plan es un aumento progresivo, desde el 0,6 por ciento hasta el 1,2 por ciento en 2029, que se mantendrá hasta 2050, para hacer frente a las pensiones de la generación del baby boom. El aumento será de una décima al año, que asume en su mayor parte el empleador, hasta el punto, mientras el empleado hace frente al 0,2 restante.

Uno de los objetivos marcados por el Gobierno es terminar la Legislatura con 25.000 millones de euros para ir recuperando, también de forma progresiva, ese Fondo de Reserva que con el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tenía 66.815 millones y que en los seis años de gobierno de Mariano Rajoy se desmanteló en un 90 por ciento, dejándolo solo en 8.095 millones de euros.

Ese incremento progresivo del Fondo de Reserva es uno de los pilares de la reforma del sistema público de pensiones aprobado por este Gobierno con la voluntad de dar garantías a las pensiones públicas del futuro. Una reforma rigurosa, fruto del acuerdo y el diálogo social con sindicatos y patronal, que ha sido también uno de los ejes de la acción del Gobierno de Pedro Sánchez y que hace que las pensiones se revaloricen por ley cada año conforme al IPC, impidiendo que el Gobierno de turno pueda volver a recortarlas o a congelarlas, como ocurrió durante los últimos seis años de gobierno conservador.

Todo ello, tiene el objetivo marcado de hacer que el sistema público de pensiones sea sostenible y suficiente para garantizarlas. Una reforma del sistema público de pensiones que cuenta con el visto bueno de Europa y que responde también a ese objetivo finalista de mantener el poder adquisitivo preservando su papel en la protección frente a la pobreza y garantizando la equidad intergeneracional.

Un sistema basado en cuatro ejes. El aumento progresivo de las bases máximas de cotización, el establecimiento de una cuota de solidaridad para que la masa salarial quede por encima de la base máxima y, por tanto, exenta de cotización, contribuya a la sostenibilidad del sistema. Y también la sustitución del factor de sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que beneficia específicamente a los jóvenes y aumenta los recursos de la Hucha de las Pensiones; y un nuevo modelo de cálculo de la base reguladora que permite escoger, sin perjudicar a nadie, entre la fórmula actual y otra más beneficiosa para los trabajadores con lagunas de cotización (se podrán excluir del cálculo los 24 peores meses de los últimos 29 años), que se aplicará de forma progresiva.

Hoy tenemos, por tanto, un sistema público de pensiones moderno, articulado de acuerdo a los del resto de Europa y que tiene como objetivo un régimen de reparto y articulado en torno a los principios de solidaridad, contributividad y gestión pública. Y que blinda el poder adquisitivo de los pensionistas y favorece especialmente a las personas vulnerables, las que tienen carreras profesionales más irregulares, las mujeres y los jóvenes.