Se buscan ricos

Benjamí Anglès Juanpere - Profesor agregado de Derecho financiero y tributario de la UOC

Hace pocos días, el presidente del Gobierno anunciaba una subida fiscal a las rentas más altas con una nueva medida que afectaría a "quienes tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas", y aclaraba que no se buscaría perjudicar a los más ricos sino proteger las clases medias y trabajadoras de un sistema que considera que sigue siendo injusto.

Ciertamente, la Constitución proclama la progresividad como uno de los pilares de nuestro sistema tributario, es decir, cuanto mayor sea la capacidad económica de un contribuyente, mayor tiene que ser la proporción con la que contribuya al sostenimiento del gasto público mediante el pago de tributos, aunque también advierte que no puede ser confiscatorio.

En España se consigue la progresividad del sistema básicamente con el IRPF, a través de los diferentes tramos de renta y el incremento asociado de los tipos. Y también, si bien con una menor incidencia, con el Impuesto sobre Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones, dado que a mayor valor de los bienes mayor es el porcentaje a pagar.

Según datos de Hacienda en 2022, sólo 12.000 de los más de 22 millones de contribuyentes del IRPF declararon una base imponible superior a los 600.000 euros. Mientras que el 10% de los contribuyentes del IP con más patrimonio poseía casi el 60% de los bienes declarados, esto es, el patrimonio de 23.000 personas ascendía casi a 500.000 millones de euros. En ambos impuestos, los tipos máximos impositivos pueden superar el 47% y 3% respectivamente.

De acuerdo con la Comisión Europea, España se encuentra entre los países con mayores desequilibrios en la distribución de renta, señalando que los ingresos del 20% de la población más rica superan 5,5 veces los ingresos del 20% de la población más pobre. Ello debido a su estructura productiva, salarios bajos, alta tasa de desempleo y debilidad de algunas políticas redistributivas para hacer frente a las desigualdades.

Varios informes apuntan que en España cada vez hay más ricos y que seguirán aumentando en el futuro próximo. Ante este escenario, sin duda, una medida para aumentar la redistribución sería subir los impuestos a los que más tienen. Sin embargo, su número no deja de ser reducido y sus fuentes de riqueza finitas, de manera que el impacto en las arcas públicas será mucho menor que su repercusión mediática. Asimismo, estos contribuyentes disponen de mecanismos y estrategias para reducir su factura tributaria, incluido el cambio de residencia fiscal.

Por otra parte, existe una iniciativa popular a nivel europeo que propone gravar a los ricos (tax the rich) y solicitar a la Comisión Europea que presente una propuesta de Directiva relativa a un impuesto europeo sobre las grandes fortunas que contribuyan al sistema de recursos propios de la Unión Europea. De modo que, si esta iniciativa se materializa, un impuesto nacional a los más ricos terminaría integrado en el futuro impuesto europeo.

Además de buscar ricos, también tendrían que explorarse otras vías para mejorar los ingresos públicos, como la aplicación de un nivel mínimo de imposición en sociedades; el desembolso de mayores recursos contra el fraude fiscal; la nueva tributación relacionada con el medioambiente, el turismo, la tecnología y la nueva economía, así como ejercer más control sobre el gasto público y cumplir de una vez por todas con el deber de rendir cuentas. Todo ello debería permitir a las Administraciones disponer de mayores recursos para destinarlos a políticas redistributivas.

Dice la leyenda que Robin Hood robaba a los ricos para dárselo a los pobres, sinceramente, nuestro sistema tributario es mucho mejor que eso.