Sin mayoría para cambiar las reglas

El pacto alcanzado entre el PSCy ERC para lograr el apoyo de la formación republicana a la investidura de Salvador Illa implica una cesión fiscal sin precedentes para Cataluña que, para empezar, saldrá del régimen común autonómico.

Ello debido a que el "concierto económico solidario" supone dar a la Agencia Tributaria catalana "la llave de la caja" y la recaudación y gestión del 100% de los impuestos, de manera que sólo aportaría una cuota de solidaridad al Estado y un porcentaje para financiar los servicios de éste en Cataluña.

En este contexto, el pacto genera críticas de los economistas y de la mayoría de partidos políticos, incluyendo reconocidas voces en las filas socialistas. Asimismo, los inspectores de Hacienda muestran su "rechazo frontal y absoluto al texto".

Una posición comprensible ante un acuerdo que rompe la solidaridad fiscal en el país, carece de encaje constitucional y obliga a modificar previamente la legislación vigente. Es el caso de la ley de financiación autonómica (la LOFCA) y la normativa relativa a la cesión de tributos. En el caso de la LOFCA, la negativa de PP y Vox y de formaciones como Chunta Aragonesista, Coalición Canaria y Compromís impedirá al Ejecutivo lograr la mayoría absoluta en el Congreso para cambiar esta normativa.

Ello aunque Junts diera su visto bueno al pacto, lo que no está nada claro tras ordenar Carles Puigdemont a los suyos que se pasen a la oposición. Esta debilidad parlamentaria del Ejecutivo aboca al fracaso una cesión fiscal que rompe la solidaridad fiscal en las autonomías por el puñado de votos que Illa necesita para ser presidente de la Generalitat. Un modelo de financiación a la carta para Cataluña que es inaceptable y que se salta la Constitución al desarrollar una Agencia Tributaria catalana al margen de la del Estado.