Coto al fraude en el alquiler

El Gobierno central presenta dos medidas legislativas de calado en el ámbito de vivienda. Para empezar, modificará la Ley de Propiedad Horizontal para que las juntas de vecinos puedan vetar los pisos turísticos.

Con esta iniciativa se busca regular el auge descontrolado de este tipo de inmuebles que está generando muchos problemas en las grandes capitales y que muchos ayuntamientos han permitido. Además, el Ejecutivo frenará la fuga de pisos desde el alquiler tradicional hacia el de temporada que se está produciendo precisamente para burlar el tope al alza de las rentas introducido en la ley de Vivienda aprobada en 2023.

Para ello se va a poner coto a los arrendamientos temporales solicitando en la firma del contrato que se acredite la causalidad del mismo. Es decir, habrá que justificar el uso de un piso y dejar constancia de ello. Es comprensible que el Ministerio de Vivienda quiera poner coto a unas maniobras que se realizan para incumplir la normativa vigente.

Ahora bien, estas iniciativas están lejos de atajar el gran problema que sufre el sector residencial, y que es la razón que hace que los precios sigan al alza tanto en la compraventa como en el alquiler. Se trata en concreto de la escasez de oferta de activos que hay en el mercado, que es insuficiente para satisfacer una demanda que no deja de crecer.

Una falta de pisos que la propia ley de vivienda impulsó al incluir el tope al alza de las rentas, que ha hecho que muchos propietarios retiren sus inmuebles del mercado. Es preciso, por tanto, ir mucho más allá y promover un Pacto de Estado con la vivienda que permita reducir la burocracia e impulsar la puesta en circulación de más suelo. Solo así se podrá impulsar la oferta y frenar el alza desmedida de los precios.