Obstáculo para el desarrollo renovable

En medio de la creciente urgencia por una transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles, el almacenamiento energético se ha erigido como un pilar fundamental para la transformación del sector. Se espera que Europa alcance los 114 GW/285GWh para 2030, lo que significa multiplicar hasta diez veces más su capacidad de almacenamiento con baterías. En España, los avances en tecnologías de almacenamiento han sido muy notables y también contamos con un ambicioso plan de almacenamiento contemplado dentro del PNIEC. Concretamente, se apuesta por alcanzar hasta los 22 GW para 2030. Sin embargo, una brecha regulatoria amenaza con frenar todo el potencial que podría tener esta tecnología.

Los beneficios del almacenamiento energético son múltiples e innegables: gestión eficiente de la energía renovable, optimización de la estabilidad de la red, una mejor gestión de la flexibilidad de la demanda, reducción de costes y, por supuesto, la reducción de emisiones. Además, en España hemos sido testigos de avances significativos en este campo, porque las soluciones están ahí, pero hay que implementarlas. El bombeo, la termosolar, agregación de la demanda y por supuesto, las baterías, todas ellas soluciones que ya están listas, son fiables y asequibles (El almacenamiento energético ha reducido su coste en un 85% desde 2015).

A pesar de estos logros, nos encontramos con un obstáculo significativo: la falta de una regulación adecuada y ágil que permita aprovechar plenamente el potencial del almacenamiento energético. El marco regulatorio actual no ha evolucionado al ritmo necesario para mantenerse al día con las innovaciones tecnológicas y los cambios en el mercado energético, lo que dificulta la implementación rápida y eficiente de sistemas de almacenamiento. Actualmente en España, la única tecnología de almacenamiento que puede desarrollarse y ejecutarse en un corto plazo es la del almacenamiento electroquímico para 3-4h. Los bombeos con proyectos hidráulicos tienen unos plazos de desarrollo mucho más largos.

Esta situación dificulta que nos podamos acercar a las previsiones del PNIEC para nuestro país. Los desafíos para agilizar la ejecución de proyectos de almacenamiento son diversos: complejos procedimientos administrativos, falta de incentivos fiscales para la inversión en este tipo de tecnología... La incertidumbre en torno a los permisos y la falta de claridad en las normativas también dificultan la planificación y ejecución de este tipo de proyectos a gran escala. Actualmente podemos afirmar que el mercado del almacenamiento en España se mueve más rápido que los ajustes regulatorios.

Ante este panorama, es evidente la necesidad de una acción decisiva por parte de los responsables políticos y reguladores. Es fundamental actualizar el marco regulatorio para reflejar las nuevas realidades del mercado y facilitar y agilizar la expansión y financiación de los distintos proyectos de almacenamiento energético en España. Por ejemplo, falta un desarrollo normativo respecto a la tramitación y obtención de permisos, algo que se conoce como "permitting". Tampoco están claros los criterios y variables vinculados a la tramitación de los accesos y conexión a la red. Son dos elementos que deben ser atajados con urgencia ya que existen muchas instalaciones en tramitación en estos momentos, y supone un freno importante al desarrollo del almacenamiento en nuestro país.

Hay que ser plenamente conscientes de que el almacenamiento representa una pieza fundamental en la transición hacia un sistema eléctrico más sostenible y que debemos invertir todos nuestros esfuerzos en facilitar su evolución e implantación. Pero para ello, hay que abordar, y de forma urgente, la brecha regulatoria que obstaculiza su desarrollo.