Las futuras pensiones de los letrados

Andan las togas algo revueltas ante la Asamblea General de la Mutualidad de la Abogacía que se celebrará en breve. Y es que la entidad número uno de previsión social, debido a los cambios legislativos en la normativa de las cotizaciones de sus mutualistas, está siendo atacada por una minoría agrupada en distintos movimientos; Marea Negra, sindicato Venia, etc., con el objetivo de sacar el hacha de guerra contra la Mutualidad. Alegan que la pensión de jubilación que cobrarán en el futuro es muy baja, a la vez que comienzan a solicitar el traspaso de los fondos que han ido aportando a la mutualidad al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en adelante RETA.

Cierto es que determinados colectivos cobrarán una pensión muy baja cuando se jubilen, pero más cierto es que el retorno en forma de pensión se calcula en función de la aportación. A mayor cotización, mayor cobro de pensión. Esto ha sido siempre así, tanto en la Mutualidad, como en el RETA, como en el Régimen General de la Seguridad Social.

En el caso que nos ocupa, los mutualistas han sido dueños de decidir las cuotas que aportaban como también sabían el capital que cobrarían en el momento de la jubilación. Prueba de ello es que han ido recibiendo cada trimestre un informe claro y transparente con su fondo acumulado y la prestación esperada en la jubilación.

Mas de uno se preguntará cómo se ha llegado hasta aquí, veamos. La Mutualidad, nacida en 1948, tiene 210.000 mutualistas, y entre ellos, 60.000 escogieron la Mutualidad para gestionar su futura pensión. Sin embargo, un 4% de este grupo se ha negado a incrementar sus aportaciones a pesar de las recomendaciones de la mutua, y ahora, cuando ven que la pensión que cobraran ronda los 500 euros, piden traspasar el dinero capitalizado a la Seguridad Social para poder cobrar una pensión mínima mayor. El 63,8% restante está aportando cantidades que les permitirá cobrar rentas por encima de los 700 euros. Cifra muy similar a la que ofrece el RETA.

Retrotrayéndonos en el tiempo, en 1996 se puso fin a la obligatoriedad de aportar al sistema de pensiones de la Mutua y se dio la opción a los nuevos abogados a pasarse al RETA. En el 2004, el Tribunal Supremo abrió una vía para que los abogados pudiesen enlazar ambos sistemas, pero los letrados procedentes de la Mutualidad no podían estar solo en el RETA sin renunciar a lo invertido. Por ultimo, el reglamento de mutualidades impulsado por el PP y los cambios en la Ley de Seguros Privados en 2004 con el PSOE, impusieron la transformación del fondo mutualista, y de un sistema de capitalización colectivo, al modo de hucha conjunta de la Seguridad Social, a un sistema de ahorro individual.

En abril de 2023, la Mutualidad comunicó a los clientes alternativos un cambio en la normativa de cotización. Esto es, por ingresos reales y tramos de la Seguridad Social, ya que la Mutua debía adaptarse a la nueva normativa. Es entonces cuando estos colectivos comienzan a hacer ruido. Es importante tener en cuenta que, en 2005, la Mutualidad se adaptó al sistema de capitalización por imposición legal y que, desde entonces, partiendo de unas aportaciones mínimas cada mutualista ha sido dueño de decidir que cuotas aportar.

Para rizar más el rizo, la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció en 2024 unos cambios legales, muchos de ellos compartidos por la Mutualidad, entre los que cabe destacar: un incremento de la cobertura mínima desde el 80 % actual hasta el 100% de la base mínima del régimen de autónomos, incremento que redunda en un mayor capital acumulado para el mutualista y una mayor tranquilidad para su planificación financiera de cara a la jubilación, así como una apuesta por facilitar la pasarela a los mutualistas que tuvieran esta condición con anterioridad a 1996 en situación actual de vulnerabilidad.

Facilitar la pasarela no debería perjudicar a la Mutualidad ni a los mutualistas que deseen permanecer, de ahí la necesidad de habilitar la pasarela por un marco temporal concreto y de manera voluntaria. Como también es lógico que el fondo acumulado de los mutualistas que pasen a cotizar en el RETA permanezca en la Mutualidad hasta su jubilación y no en las arcas de la Seguridad Social.

Otro cambio que se pretende establecer es el encuadramiento obligatorio en el RETA a partir de 2027 para los nuevos profesionales colegiados, eliminando la opción de una cobertura alternativa con una Mutualidad. Esta medida no puede ser compartida por la Mutualidad, sería echarse piedras sobre su propio tejado. El sistema de mutualidades de previsión social es un sistema que ha funcionado y se ha demostrado.

La Mutualidad está totalmente dispuesta a que estos asegurados obtengan la pasarela hacia la Seguridad Social. Pero esto no quita que sea profundamente injusto que quienes han aportado menos obtengan una pensión idéntica a los que decidieron incrementar sus aportaciones para tener una mejor jubilación. Además, estos colectivos deberían saber que la Mutualidad está cubriendo las necesidades de los más vulnerables. De hecho, ha destinado más de cuatro millones a cubrir esas necesidades.

En definitiva, poner en jaque la reputación de una institución solvente, cuya ratio supera el doble del exigido por el regulador, y con una excelente salud financiera, no es la mejor opción.