Opinión
Stadler, el 'plan B' extracomunitario para Talgo frente a la Hungría de la UE
- El Gobierno deberá explicar su 'no' a un inversor radicado en la UE con respaldo de su país
- El mayor accionista de Talgo negocia con Stadler lanzar una contraopa
- Deutsche Bank aflora un 1,16% en el capital de Talgo a través de su gestora DWS
Víctor de Elena
La política actual acumula paradojas y encrucijadas por doquier, y una de ellas ha acabado afectando a un sector que se define como muy técnico, pero que sufre -como casi todos- de la politización, que impregna todo lo que toca. La industria ferroviaria europea, muy vinculada a los intereses estratégicos y geopolíticos de los gobiernos, vive estos días un apasionante capítulo mediático cortesía de una operación industrial que, cada día que pasa, lo es menos. La injerencia del ejecutivo de Pedro Sánchez sobre un cambio de accionista que todavía hoy sigue sin estar formalizado ante el regulador bursátil ha sentado como un terremoto en la sede de Talgo, pero también en la de algunos de sus rivales en una industria poco habituada a acaparar los focos.
Las conversaciones entre su primer accionista, Trilantic, y uno de los gigantes de la industria ferroviaria europea, Stadler, han reavivado el valor de los títulos del fabricante de trenes español ante la baja credibilidad que daba el mercado a la opa húngara una vez anticipado el 'no' del Gobierno que, por el momento, no es más que un comentario fuera de micrófono del ministro de Transportes, Óscar Puente. Pese a ello, la previsible negativa del Consejo de Ministros a que se ceda el control de Talgo al conglomerado magiar parecen justificar que el propietario mayoritario, que lleva años queriendo salir de la compañía, haya optado por buscar alternativas, aunque a priori no las hubiera, ya que en 2021 contrató a Citi en busca de un comprador, sin éxito.
Un mercado muy distinto al de antes
El panorama del sector ferroviario ha cambiado mucho en los últimos tres años. El tren se ha convertido en la piedra angular de la estrategia de transportes de la Unión Europea, y todas las economías mundiales en desarrollo están virando sus estrategias de descarbonización hacia este medio de transporte. Ello se plasma en las carteras de los fabricantes, que a día de hoy registran máximos históricos, incluidas las de Talgo (4.223 millones) y Stadler (25.061 millones de euros).
En términos financieros y operativos, la compañía helvética parece complementar perfectamente las debilidades de la firma española, tanto en músculo financiero como en capacidad operativa, cifras ambas que multiplican por seis a Talgo. Las trece fábricas de Stadler, la mayoría situadas en Suiza y Alemania, poseen los recursos necesarios como para cursar con éxito los pedidos para Alemania (DB) y Dinamarca (DSB), además de los que puedan llegar de la mano de Flix, Bulgaria, Marruecos o Arabia, todavía pendientes de cerrar.
A ello hay que sumar el know-how de Talgo, uno de los líderes en el mercado de la alta velocidad, segmento en el que podría continuar compitiendo con su propia marca si finalmente es adquirida por Stadler, dadas las restricciones impuestas por su propia dirección, que reclama que la gestión y las patentes continúen bajo su titularidad.
Clave: La justificación del Gobierno
En caso de que la opción suiza se concrete, queda por conocer qué relato ofrecerá el Gobierno para denegar la entrada en el capital de Talgo de un inversor comunitario sustentado por un gobierno europeo como el húngaro y, al mismo tiempo, aceptar otro inversor externo a la Unión Europea.
Los distintos abogados consultados por este medio semanas atrás mostraban serias discrepancias sobre la posibilidad de paralizar una operación como esta sin recurrir al carácter estratégico de Talgo y a su acceso a datos sensibles por motivos de Seguridad Nacional, un argumento a priori lógico dado el ambiente prebélico que están deslizando los gobiernos de la UE.
Pero esa justificación deberá estar muy bien atada, ya que tanto Trilantic, británica, como Stadler, suiza, están radicadas en países extracomunitarios y, por tanto, se les aplican leyes todavía más estrictas que el propio 'escudo antiopas'. La presencia de la helvética en España desde 2016, la posesión de una fábrica en Valencia y sus actuales contratos con Renfe para suministrar locomotoras y trenes de Cercanías parecen estar destinados a formar parte de ese argumentario.