Nuevas perspectivas para la mediación empresarial en España
Rafael Catalá
El año que acabamos de estrenar se perfila como uno de los más decisivos para el ámbito de la mediación empresarial en España, desde que en 2012 se aprobara la Ley de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles. Todo apunta a que será este 2024 cuando se apruebe una nueva norma que establezca la obligación de acudir a la mediación o a otros medios adecuados de solución de controversias (MASC), como requisito previo para admitir a trámite una demanda civil o y mercantil.
El Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, que contemplaba la mediación obligatoria, decayó debido al adelanto electoral. Sin embargo, la reciente aprobación de un Real Decreto de Ley para la transformación procesal y digital de la Justicia ha abierto nuevas perspectivas para los MASC. El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes parece tener intención de retomar la iniciativa e introducir el carácter obligatorio del intento previo de mediación como requisito de procedibilidad.
Las razones son numerosas. Un cambio legislativo en este sentido tiene el potencial de aligerar la carga del sistema de justicia y reforzar su eficiencia. Según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, los juicios mercantiles duraron una media de 12,3 meses en 2022. Una dilación que puede llegar hasta los 4 años, e incluso más, si se llegase a presentar, por ejemplo, un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En los procesos mediados, por el contrario, los plazos se reducen considerablemente. De hecho, lo normal es que una controversia se resuelva en cuatro o seis semanas como máximo.
La mediación está imbricada con la responsabilidad social empresarial al contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Específicamente, la mediación empresarial contribuye al cumplimiento del ODS 16, dado que promueve "sociedades pacíficas" y un mejor acceso a la Justicia, por lo que podemos considerarla como imprescindible para la consolidación de un sistema judicial sostenible y eficiente.
Además, la mediación es un mecanismo que se ajusta a las necesidades de las partes, que les permite disponer de un instrumento sencillo, ágil, eficaz y económico para la solución de sus conflictos, convirtiéndose así en una herramienta indispensable para la mejora de la competitividad empresarial.
La mediación está basada en la idea de que el conflicto, si se maneja de forma constructiva, puede aportar importantes beneficios como, por ejemplo, facilitar la continuación de las relaciones empresariales. Las partes optan de manera libre y voluntaria por estos mecanismos de solución de conflictos para llegar a un arreglo pactado o acuerdo que satisfaga sus intereses, por lo que se rompe con el esquema "vencedor-vencido".
Por ello, es una herramienta idónea para resolver controversias que surgen en relaciones empresariales a largo plazo y con un fuerte componente emocional, como son las que vertebran las empresas familiares y las pymes. Dos tipos de organizaciones que suponen el 99% del tejido productivo en España.
En resumen, la mediación tiene mucho que ofrecer en un contexto de alta litigiosidad y persistente incertidumbre económica. En este sentido, es crucial que desde el Ejecutivo se dé un impulso decidido a los MASC pues ayudarán a liberar de carga de trabajo a la Administración de Justicia, darán la oportunidad a empresas y ciudadanos de optar por un camino más ágil, conciliador y sostenible para arreglar sus diferencias y, además, permitirán que las propias partes tengan un papel protagonista en la solución de sus conflictos. Objetivos todos ellos que han de ser apoyados por los operadores jurídicos y económicos.