La atracción fatal del régimen foral

La cesión a la Generalitat del 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña vuelve a estar sobre la mesa. No sólo la plantea Junts en su acuerdo con el PSOE, sino que también ERC, desde el Gobierno de la Generalitat está "preparándola". Esto se parece imitar al régimen foral, y se propone incluso una excepción "singular" de Cataluña en la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA (LOFCA). Como tantas otras cuestiones que se están debatiendo, esta propuesta de "financiación singular" tiene problemas de encaje constitucional, porque la Constitución sólo reconoce y ampara "los derechos históricos de los territorios forales".

La primera cuestión que cualquiera se plantea es si esto es viable. Es cierto que, si se ha aplicado en Navarra y el País Vasco, a cualquiera le parece que el sistema se podría extender. Incluso, esto lo patrocinaba el actual Lehendakari, Íñigo Urkullu. En cualquier caso, el primer problema es de orden práctico, las Diputaciones Forales Vascas ya tienen una Administración Tributaria, que gestiona todos los impuestos, lo que no es el caso de Cataluña. Por cierto, la Administración Tributaria de las Diputaciones es, en conjunto, mucho más cara que la Agencia Tributaria, aunque hay funciones que no están a su cargo como las Aduanas o el control de las Grandes Empresas.

Entrando en números, según los datos de 2021, últimos que están cerrados, la Agencia Tributaria del Estado recaudó en Cataluña impuestos por 44.198 millones de euros, lo que supone cerca del 20% de la recaudación total. Sin embargo, actualmente, como ingresos del sistema de financiación de las CCAA, entre impuestos y transferencias estatales, Cataluña recibe cerca de 33.000 millones de euros. La diferencia es importante, pero, en cuánto habría que valorar los servicios no transferidos, como el ejército, la judicatura o el servicio exterior. Dado que la economía catalana es unas tres veces y media la vasca, si se multiplica por 3,5 el cupo vasco, que está calculado bastante a la baja, la diferencia serían unos 5.000 millones de euros. Y, por otra parte, Cataluña incrementó su endeudamiento con el Estado en 2021, porque tiene cerrado el acceso a los mercados, en unos 4.000 millones de euros. Desde el punto de vista de la Generalitat se puede preferir tener ingresos y no aumentar el endeudamiento, pero el margen que quedaría para gasto público adicional sería muy pequeño.

De hecho, un proceso de fragmentación de la Administración Tributaria tiene costes directos e indirectos. Esto supone que, con gran probabilidad, a la Generalitat no le quedase margen adicional de gasto. No sólo es una cuestión de gastos adicionales, sino también de que habría que multiplicar obligaciones formales, el fraude aumentaría mucho, y que habría contribuyentes que se trasladarían, fundamentalmente empresas. No hay que olvidar que, con toda probabilidad, se trasladaría la capacidad de subir todos los impuestos a la Comunidad con los tributos más elevados en los que tiene competencia. Quizás el lector no se haya dado cuenta, pero la recaudación fiscal que obtiene Cataluña es inferior a su peso en el PIB. Y eso con tipos más elevados en muchos impuestos, y que es más rica que todas las de régimen común salvo Madrid.

Ahora mismo, casi la mitad de la recaudación de la Agencia Tributaria se ingresa en Madrid, precisamente. En el caso de Cataluña, no se puede obviar que muchas grandes empresas trasladaron no sólo sus sedes sociales, sino también sus domicilios fiscales, pasando a tributar en otra Comunidad Autónoma en lo peor del Procés per la Independència. Esto quiere decir que, ahora ingresan lo mismo, pero en otro sitio. Esto no sólo incluye el impuesto de sociedades, sino también el IVA, y las retenciones de los trabajadores. Por eso, como ocurre en casi toda España, salvo obviamente, Madrid, los impuestos realmente soportados en Cataluña son superiores a los impuestos pagados allí. Esta cuestión hacía inviable, ya en 2017, que una Cataluña escindida pudiese afrontar sus pagos, como comenté con Luis Garicano en Independencia sin blanca.

Los regímenes forales tienen reglas que impiden estos efectos. En primer lugar, cualquier empresa de más de 10 millones de euros debe presentar declaración de IVA y Sociedades en todos los territorios donde opere, en función del porcentaje de volumen de operaciones. También debe presentar una declaración de retenciones en cada territorio donde tenga trabajadores. Esto multiplica la carga formal, pero hace que los domicilios fiscales no sean tan importantes a efectos recaudatorios. Además, la recaudación de IVA de las Haciendas forales se "complementa" con un porcentaje de la recaudación de IVA de la Agencia Tributaria. Este ajuste, como explico en mi libro, Y esto, ¿quién lo paga? es siempre favorable a las Haciendas Forales, aunque su consumo sea inferior al IVA que recaudan, y superior al cupo vasco (y a la aportación navarra), lo que implica un cupo y una aportación negativa todos los años. La sobre financiación de las Haciendas Forales no sólo proviene de que cobren sus propios impuestos en territorios más ricos, hay varias causas más. Si todo esto no se acomete antes de crear una "Hisenda propia", simplemente no será viable.

Por eso, cuando los líderes nacionalistas desde Àrtur Mas, hasta Puigdemont y Junqueras han ido exigiendo un régimen fiscal con un resultado equivalente al del Concierto Económico están pidiendo mucho más que la cesión del 100% de los impuestos pagados en Cataluña, aunque no lo sepan. El principal problema es que extender este sistema, y sobre todo sus cálculos, aunque sólo fuese a Cataluña, simplemente no se puede pagar. O al menos, no se puede pagar sin herir, probablemente de muerte, al sistema de financiación autonómico, que, por supuesto es mejorable y tiene sus fallos, pero es la garantía financiera mínima de los servicios públicos fundamentales de educación, sanidad y servicios sociales en toda España.

En esta cuestión, como en algunas más, se está jugando con fuego. Una de las urgencias que tenemos es la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado en 2014. Pero esta reforma, aunque sea difícil tiene que ser multilateral y con un mínimo de consenso, político, económico y técnico. Por el contrario, algunas singularidades acaban siendo un camino, de frustración, hacia ninguna parte.