La infraestructura de recarga, uno de los principales retos para el despliegue del vehículo eléctrico en España

Hace unos días se conocía que la CNMC ha iniciado una investigación para determinar si las grandes distribuidoras de electricidad están poniendo trabas en la instalación de puntos de recarga. Una noticia que vuelve a poner el foco sobre el gran reto de nuestro sector: convencer a los futuros conductores de vehículos eléctricos de que la red de recarga es robusta y fiable.

En la actualidad circulan cerca de 240.000 vehículos eléctricos enchufables en España. El objetivo marcado por el Gobierno es que en 2030 lo hagan cinco millones, acorde con el compromiso alcanzado con la UE. Una de las principales barreras para alcanzar esta cifra es la falta de una infraestructura de recarga de acceso público lo suficientemente amplia para dar servicio en todo el país.

Durante 2022, se instalaron 4.171 puntos de recarga, alcanzando 18.128 puntos en toda España, según datos de ANFAC. Una cifra alejada de los entre 80.000 y 110.000 que deberían de existir para finales de 2023, de acuerdo con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y de los 340.000 puntos que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima pretende alcanzar para 2030.

Si queremos acercarnos a estas metas, debemos multiplicar por 14 el ritmo de instalación en los próximos tres años. Para ello, es necesario analizar los obstáculos que están ralentizando el proceso y crear un terreno de juego caracterizado por la agilidad y la colaboración. Desde mi punto de vista, estos obstáculos son esencialmente tres: el acceso a la red eléctrica, la complejidad administrativa y el retraso en las subvenciones.  

Tres dificultades: opacidad, trabas burocráticas y falta de eficacia

La primera dificultad a la que nos enfrentamos es la opacidad del proceso durante los trámites con las compañías distribuidoras, sumado a unos plazos de obras más adaptados al sector de la construcción y el urbanismo. Para comenzar, durante el periodo de obras por nuestra parte, que pueden tardar uno y dos meses, las compañías distribuidoras no tienen la obligación de avanzar los expedientes de conexión a la red. Al finalizar las obras, comienza un periodo incierto con gestiones por parte de las distribuidoras al margen de los operadores hasta que, meses o años después, nos informan de la conclusión del expediente. Desde Eranovum creemos que tanto operadores como distribuidoras somos dos figuras imprescindibles en el camino que tenemos por delante, por lo que es necesario un marco legal y administrativo específico que asegure que trabajamos juntos por un objetivo común. 

El segundo obstáculo es que en España hoy encontramos un escenario complejo en lo administrativo e ineficaz en materia de subvenciones y licitaciones, lo que genera gran incertidumbre en nuestros proyectos. Actualmente no existe un estándar administrativo a nivel de ayuntamientos ni de comunidades autónomas, de modo que cada uno aplica las nuevas normativas con distinta eficacia. Esto desemboca en trámites y plazos distintos en función de la administración. Así, la legalización de nuestras instalaciones puede durar desde tres días hábiles hasta dos meses en algunas comunidades autónomas. ¿No podría haber un único órgano competente y autorizado para tramitar nuestros expedientes desde los primeros permisos hasta la legalización ante industria de nuestras instalaciones? La llamada ventanilla única ya funciona en otros países de nuestro entorno con mayor eficiencia en los procesos y un criterio coherente y previsible para apoyar a las empresas. 

Las licitaciones públicas para el despliegue de puntos de recarga son un ejemplo de la diversidad de criterios con la que nos encontramos. En este sentido, sería muy positivo dotar a los ayuntamientos de los conocimientos y herramientas necesarias para realizar licitaciones públicas con garantías. Crear unas bases comunes desde la Administración General del Estado, centradas en el beneficio del ciudadano, reduciría el esfuerzo invertido en cada licitación y permitiría avanzar a un ritmo mayor que el actual.  

"Son muchas las quejas de privados y empresas que no han recibido las ayudas prometidas desde hace más de dos años"

En tercer lugar, hemos presenciado el creciente impulso que se ha dado tanto en España como en Europa a la movilidad eléctrica en materia de ayudas públicas, pero falta urgencia y eficacia en la implementación de dichos planes. Son muchas las quejas de privados y empresas que no han recibido las ayudas prometidas desde hace más de dos años. En el caso de las empresas, el "efecto incentivador" de las ayudas, que exige que la solicitud de subvención se realice anterior a cualquier gasto asociado al proyecto, a menudo solo ralentiza la ejecución del proyecto.  

¿Por qué no simplificar y flexibilizar los requisitos para evitar bloqueos y permitir eficiencias? Es necesario cambiar la mentalidad detrás de este tipo de ayudas. Para ello, hay que entender que cualquier apuesta realizada hoy por la infraestructura de recarga es, en sí, una inversión de riesgo y que cualquier subvención es incentivadora de esa inversión.  

Recoger lecciones de otros mercados también puede ser de utilidad. En Portugal y en Noruega, por ejemplo, existe una exención fiscal para la compra de vehículos eléctricos. En Chile existe un sistema público nacional para acceder a los datos catastrales de la red de alta y media tensión, por lo que se puede analizar la viabilidad de un proyecto antes incluso de hacer una solicitud formal a la compañía de distribución energética. En Reino Unido ya existe la llamada ventanilla única para todos los trámites de puntos de recarga.  

En definitiva, los ambiciosos y necesarios objetivos de España y de la UE en materia de movilidad sostenible requieren tomar medidas urgentes para acelerar el ritmo de instalación de puntos de recarga a marchas aceleradas. Hoy en día estamos a la cola de todos los índices europeos en movilidad sostenible. No obstante, contamos con un sector energético compuesto de grandes empresas y profesionales, por lo que estamos a tiempo de dar la vuelta a la situación y trabajar juntos para alcanzar la codiciada meta de los cinco millones de vehículos eléctricos en 2030.