Si España va tan bien, ¿por qué baja tanto nuestra renta per cápita?

Después de aprobar en las últimas semanas las reformas de las pensiones y de la vivienda, Sánchez quiere hacer de la economía su caballo de batalla para las próximas elecciones autonómicas y municipales. Los socialistas presumen de haber acabado con la política de recortes del PP y de preservar el Estado de bienestar .

"La izquierda gestiona mejor que la derecha tanto los ayuntamiento como las comunidades autónomos y, por supuesto, el país", proclama Sánchez a los cuatro vientos. "Se acabaron las políticas de austeridad", repite su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Y llevan razón porque desde que llegaron al Gobierno no han hecho más que gastar. Lo peor es que esta política manirrota no ha servido para mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos.

España fue el país de los grandes de la UE que más incrementó el gasto público desde la pandemia. Sólo Malta y Grecia la superaron, según un reciente estudio de Fedea.

Si comparamos el gasto sobre PIB en el último Gobierno de Rajoy con el de Sánchez, comprobamos que el gasto cayó el 5,9% al mismo tiempo que el PIB se elevó el 4,2% con el PP, mientras que los costes se incrementaron el 6,9% cuando el PIB sólo creció el 1,4% con los socialistas. La diferencia entre ambos dirigentes es abismal porque mientras el gasto sobre PIB baja 1,7 puntos con Rajoy, se dispara 8,5 puntos con Sánchez.

La comparativa sale también muy mal con respecto a los 27 miembros del euro porque estos recuperaron por término medio en 2021 el crecimiento perdido por el coronavirus, mientras que nuestro país aún sigue aún por debajo de ese umbral.

Uno puede justificar este gasto excesivo por el coronavirus. Sin embargo, los datos lo desmienten. El gasto en sanidad crece en 1,7 puntos con Sánchez, al pasar del 5,8% a finales de 2017 al 7,3 en 2021. Pero sigue estando muy por debajo de países como Alemania o Francia y también de la media de la UE, donde se situó en el 8,1% en 2021, con un incremento de sólo un punto con respecto a 2015.

El Gobierno de Sánchez no ha invertido en dos de los grandes pilares del estado del bienestar, la educación y la sanidad, como prometió, ya que siguen estando en el 90 y el 96% comparado con el índice 100 de la media de la UE. ¿En qué gastamos más que nuestros socios europeos?, se preguntarán. En tres conceptos que nos traerán de cabeza en los próximos años: en desempleo (59% más), intereses de la deuda (57%) y pensiones (diez%).

Téngase en cuenta que estas cifras no recogen la subida de los tipos de interés al 3,5% por parte del Banco Central Europeo (BCE) ni tampoco el incremento de las pensiones del 8,5% aplicada en 2023 por el ministro Escrivá.

Las cifras cantan y muestran que los más de 30.000 millones que Sánchez se gastó en planes de contingencia por el coronavirus no sirvieron para mejorar el estado de bienestar de la vapuleada clase media. Al contrario, un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) muestra que España es donde más cayó la renta pér cápita de las 21 naciones miembros entre finales de 2019 y el último trimestre del 2022. El desplome de la renta per cápita alcanza la friolera del 7,8%, mientras que la OCDE muestra una mejora del 1,8%.

Para colmo de males, otro informe del organismo multilateral con sede en París situaba a nuestro país a la cabeza de los grandes de Europa por pérdida de salario real durante el año pasado por culpa de la inflación. Los españoles perdimos el 5,2% de poder adquisitivo el pasado ejercicio, frente al 3,9% de los alemanes o el 0,5% sólo de los franceses.

El golpe fiscal a las clases medias contrasta con el alza de la recaudación fiscal el 14% el año pasado (254.000 millones) gracias a la inflación y a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no deflactó la tarifa del IRPF, lo que agravó la pérdida de poder adquisitivo de los españoles.

Montero dedicó la recaudación adicional a financiar gastos estructurales como la subida de las pensiones, en vez de a aliviar las cargas fiscales a familias y empresas, que impulsarían el consumo y el empleo.

La pregunta es ¿puede España seguir incrementando el gasto público a este ritmo? La respuesta es no. Para empezar, a partir de 2025 tendremos que reducir el déficit público en casi 7.000 millones anuales si incumplimos el objetivo de déficit, en lugar de incrementarlo sin fin como en los últimos años. El margen de mejora del estado de bienestar es irrisorio, más bien se irá deteriorando, partiendo de la base de que el gasto en protección social es muy bajo, sólo representa el 70% de la media del euro.

La titular de Hacienda presume de que reducirá el déficit fiscal al 3% en 2025 como le pide Europa sin acometer ajustes adicionales. Y seguramente lo consiga a costa de freírnos a impuestos y hundir aún más la productividad.

Organismo serios y prestigioso como la Autoridad de Responsabilidad Fiscal (AiREF) confirman que el déficit se reducirá al 3% el año que viene y se estabilizará en ese porcentaje durante el siguiente ejercicio, pero a partir de ahí iniciará una remontada, que incrementará la deuda al 140% en 2030 y al 186% en 2070.

Funcas, un centro de estudios dependiente de las antigua cajas de ahorro, cita cuatro factores que pasarán factura a las cuentas públicas en los próximos años: un menor crecimiento de la economía; la inflación, que obligaría a mantener los programas de gasto para los más vulnerables; las pensiones indiciadas a la subida de los precios, que incrementaría el agujero de la Seguridad Social y los intereses de la deuda, por culpa de los tipos de interés del BCE.

Yo añadiría un quinto factor: el final de los 130.000 millones en fondos y préstamos Next Generation, que deberán estar gastados en 2026 en su gran mayoría.

Cómo se ve, la fiesta del gasto a manos llenas llega a su fin digan los que digan Montero, Díaz y Calviño en la actualización del programa de Estabilidad enviada a Bruselas esta semana. Los socialistas han perdido la oportunidad de enmendar las cuentas públicas y mejorar el bienestar de los ciudadanos con la vacas gordas del dinero de Europa.

Una oportunidad histórica teniendo en cuenta la resistencia a entrar en crisis mostrada por la economía después de la pandemia. Sánchez estirará el chicle del gasto, como ha hecho con las pensiones, hasta que no pueda más. Pero para eso aún quedan un par de años y las elecciones están a la vuelta de la esquina. Otra cosa será el país que nos deje.

Entretanto, no se cansarán de oír que España va bien, aunque el descenso del paro es mentira si descontamos el empleo público y los fijos discontinuos; las quiebras y concursos empresariales están por las nubes; el consumo se deteriorará en la medida que se agote el ahorro y el poder adquisitivo de los españoles siga a la baja. El papel lo aguanta todo y más en política. La realidad es otra.

PD.-El Gobierno quiere hacer de su Ley de Vivienda el quinto pilar del estado del bienestar, aunque los otros cuatros estén temblando. El proyecto que aprobó el miércoles el Consejo de Ministros va destinado a crear una gran base de vivienda pública para alquiler, al contrario de lo que han hecho las administraciones tanto del PP como del PSOE hasta ahora. El error está en que pone también límites a los alquileres privados, lo que reducirá el stock de vivienda, tanto por parte de particulares como de fondos de inversión inmobiliaria.

Para más inri, para sacar adelante el proyecto, Sánchez se echó en manos de Bildu e introdujo unas cláusulas leoninas, que dificultarán el desalojo de los ocupas, sobre todo si la vivienda es propiedad de grandes tenedores. La norma obliga a los dueños a pedir una certificado sobre la vulnerabilidad del inquilino a la comunidad autónoma, que tiene que ser visado por el propio inquilino. Una condición imposible de cumplir en la práctica. No creo que haya ocupas dispuestos a certificar su vulnerabilidad. Otro golpe a la seguridad jurídica nacional.