Enmienda a la fiscalidad

Dicen verdad, sin que sirva de precedente, Pedro Sánchez y su trío de damas de la economía cuando afirman que el informe del Banco Central Europeo sobre su impuesto ideológico a la banca no es vinculante. Pero lo que taimadamente callan es que el documento de la autoridad monetaria europea supone una auténtica enmienda a la totalidad a dicha iniciativa y, por ende, a la política fiscal y económica de un Gobierno que empieza a estar en el punto de mira de las autoridades europeas, cuestionado por el resto de socios de la Unión y que tiene a España en el furgón de cola de crecimiento, déficit y deuda, además de ser el líder en desempleo, duplicado la tasa de paro de la UE.

El dictamen del supervisor europeo, aprobado por su Consejo de Gobierno, denuncia efectos perjudiciales de este impuesto sobre la aprobación de nuevos créditos, además de sobre la estabilidad financiera, el crecimiento económico del país y sobre las condiciones de competencia del mercado. Pero lo más grave del asunto es que, en contra de la propaganda del Gobierno, el BCE manifiesta serias dudas sobre que el impuesto no deba trasladarse al coste de los nuevos préstamos, es decir que los bancos tengan que repercutir el impuesto a sus clientes en forma de incrementos de las comisiones o de los intereses en créditos y en hipotecas con un claro efecto inflacionista, además de tener un impacto negativo sobre la financiación de las empresas y la inversión con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo y de negocios familiares y de autónomos.

Un nuevo golpe sobre la economía de un país que es el único de los miembros de la UE que todavía no ha recuperado el PIB anterior a la pandemia y sobre unas economías familiares que soportan un esfuerzo fiscal casi un 50% superior al alemán, con una renta per cápita más de 10.000 euros inferior.

Un indicador este pone en relación la presión impositiva de un territorio con la renta per cápita de sus habitantes y que muestra que el esfuerzo fiscal de los españoles es del 148,59%, frente al 103,44% de los alemanes y se sitúa entre los más altos de Europa, por encima incluso de países como Dinamarca, Suecia, Finlandia u Holanda. Según este índice, España está solo por detrás de Portugal, Italia, Grecia y Francia y muy por delante de países con estados de bienestar plenamente consolidados.

Esto con el añadido de que España es uno de los cuatro países de la UE cuyo PIB real per cápita es peor hoy que en 2017, coincidiendo con la llegada de Sánchez al gobierno. Los datos de Eurostat, la oficina de estadísticas de la Unión Europea, revelan que el PIB real per cápita de España se situó en 23.510 euros en el último ejercicio, es decir 1.020 euros menos que en 2017. Solo Islandia estaría por debajo con una caída de 1.520 euros en su PIB real per cápita.

Estadísticas que muestran también como la renta real de las familias españolas ha caído 6 puntos por el impacto de la inflación, tres veces más que en el conjunto de la OCDE, organización que agrupa al conjunto de los países desarrollados y que afirma en uno de sus últimos informes que los ingresos de los hogares españoles sufren un "daño histórico". Deterioro que se traduce en que el 26,1% de la población, 12,1 millones de personas, están en riesgo de pobreza o exclusión social con datos del indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), creado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión.

Estos son datos reales, de organismos internacionales y claramente independientes, muy alejados de los que anuncian desde el CIS, el INE o los servicios de empleo, colonizados por el sanchismo gobernante. Un presidente y un gobierno que siguen mintiendo, a sabiendas, cuando pregonan para descalificar a la oposición, que la premier británica Liz Truss cayó por su rebaja impositiva, cuando la verdad es que hundimiento fue por no acompañar la reducción de impuestos con un drástico recorte de los gastos, algo que aquí en España, con el gobierno más amplio, más caro y con más asesores de la historia ni está ni se le espera, mientras insisten en su saqueo fiscal a los contribuyentes.