Daños para la creación de empleo

El alivio de los altos costes laborales que soportan las empresas españolas es una de las asignaturas pendientes más importantes de las últimas legislaturas. Es más, la carga que suponen los impuestos al trabajo, lejos de haberse mitigado, ha crecido recientemente hasta alcanzar niveles históricos.

Nunca antes en la serie estadística se había registrado un coste medio de 615 euros por empleado. Alcanzar esa cota en el primer trimestre ha sido posible gracias a la temeraria estrategia de ejercer presión, simultáneamente, sobre los dos extremos del mercado laboral. Por un lado, en el ámbito de los trabajadores que acaban de incorporarse a la población activa o que cuentan con menor cualificación, se ha propiciado un alza récord del 22 por ciento en el salario mínimo interprofesional. En el otro lado del espectro, los cargos directivos vuelven a encarecerse para las empresas tras la última subida, del 7 por ciento, en las bases máximas de cotización. Se trata de una serie de incrementos que se sucede sin descanso desde el año 2013 (sin ninguna contraprestación en las pensiones de los afectados). Resulta ingenuo pensar que las empresas españolas podrán soportar indefinidamente esta deriva, sin sufrir im-portantes perjuicios. Los daños, además, amenazan con multiplicarse en el actual escenario en el que existen todavía posibilidades de que el nuevo Gobierno endurezca el régimen de Sociedades, con una subida de su tipo mínimo y con la eliminación de deducciones (aunque existe el riesgo de incurrir en dobles imposiciones). Si no se hace nada para revertir tan asfixiante entorno tributario, las firmas no tendrán más remedio que recortar su capacidad de invertir y, en última instancia, de crear empleo.