El alto coste de castigar el ahorro

La tasa de ahorro de los españoles se sitúa a la cola de la clasificación de la OCDE, tanto por volumen como por su escasa diversificación (gran parte de él se acumula en el inmobiliario o en simples cuentas corrientes). Hay varios factores que hacen posible esta realidad y entre los más importantes se encuentran las carencias en cultura financiera que muestra gran parte de la población.

Sin embargo, la ausencia de formación no lo explica todo y, por ello, el club de los países desarrollados destaca, entre las deficiencias que España muestra, la falta de unos incentivos fiscales al ahorro realmente eficientes. La expectativa de obtener una deducción máxima acumulada del 16%, tras toda una vida laboral haciendo aportaciones anuales del 10% de la renta disponible, no puede incentivar a nadie a abrir un plan de pensiones, considerando además la escasa rentabilidad de estos vehículos financieros.

La situación apenas cambió en los últimos años; de hecho, una de las grandes faltas de la reforma fiscal de 2014 fue su carencia de ambición a la hora de potenciar las deducciones en este ámbito.

En cuanto a las expectativas, tampoco son positivas. La creación de una tasa a las transacciones financieras, que podría aprobarse por decreto aunque no prosperen los Presupuestos de 2019, amenaza con reducir en un 6% el rendimiento de los planes de pensiones, según estimaciones de Inverco.

El ahorro, por tanto, no sólo no recibe estímulos fiscales sino que afronta posibles castigos en este ámbito. Se trata de una política contraproducente en toda circunstancia, pero aún más en un momento como el actual en el que la situación financiera de la Seguridad Social es cada vez más difícil.