Unas previsiones fiscales sin base

Este mes, el Gobierno aprobó los anteproyectos del impuesto a las tecnológicas (tasa Google) y el gravamen sobre las transacciones financieras (tasa Tobin). Ya entonces los expertos cuestionaron la expectativa de recaudar con ellos más de 2.000 millones este año.

La mera consideración de los trámites parlamentarios que deben atravesar antes de su aprobación hace imposible que se apliquen antes del verano, si es que los superan. Con tan poco tiempo de vigencia, y considerando que carecen de efectos retroactivos, no hay razón para atribuir a estos impuestos una recaudación de esa envergadura. Es más, en el caso de la tasa Tobin el periodo previo a su aplicación aún tendría que dilatarse más (en torno a 18 meses), debido a las muchas cuestiones técnicas cuya resolución el anteproyecto ha dejado en el aire.

Así, no está claro si serán los brókeres quienes tengan que liquidar el impuesto o la plataforma que centraliza estas operaciones en España, Iberclear. En ninguno de los dos casos está disponible la tecnología necesaria para asumir la nueva labor.

Y no terminan aquí las lagunas del anteproyecto: tampoco existe ninguna respuesta sobre cómo se obtendrán los datos de las operaciones sobre empresas españolas que se hagan desde el exterior.

La realidad es que múltiples dudas marcan no solo a la tasa Tobin, sino a todas las estimaciones de ingresos del Gobierno para 2019. Ayer lo subrayó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, como antes el Banco de España.

Por tanto, las previsiones fiscales de los Presupuestos, además de ser profundamente criticables (por fiarlo a todo a subir los impuestos a las empresas), carecen de base para cumplir con sus propias expectativas de ingresos y de reducción del déficit.