VTC: Un giro repleto de dudas

La reunión entre Fomento y el taxi se saldó con la promesa del Ejecutivo de aprobar un decreto ley en septiembre que transfiera las competencias en la concesión de licencias VTC (vehículos con conductor) a las autonomías, tal y como exigían entre sus reclamos los taxistas.

Vaya por delante que dicha promesa no bastará para detener las huelgas de este colectivo, que pide mayor concreción. Además, la decisión del Ministerio supone un cambio frente a la postura que se defendía hace pocos días.

Así lo demostró Fomento al presentar un recurso contra la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de exigir una licencia complementaria municipal para que las VTC pudieran circular por la ciudad.

El cambio de posición demuestra que el Gobierno cede a la presión de los taxistas cuyos paros ya empiezan a pasar factura a los hoteleros y comerciantes. Con todo, lo más grave es que la propuesta de Fomento está repleta de inseguridades jurídicas.

Para empezar, la normativa impide que se puedan ceder competencias con un decreto ley. Para ello es necesario utilizar una ley orgánica, que debería contar con el visto bueno del Congreso de los Diputados.

Por tanto, la actuación de Fomento abre la puerta a que compañías como Uber y Cabify acudan a la vía judicial para evitar que su flota dentro de las ciudades se reduzca en unos 7.100 coches.

Por si fuera poco, pasa por alto las recomendaciones de la CNMC que aboga por permitir la libre competencia en el transporte.

Y, por último, crea un grave precedente de inseguridad jurídica al maniobrar para eliminar las licencias VTC que el propio Gobierno socialista aprobó mediante la Ley Ómnibus durante el mandato de Zapatero.