Opinión

La burbuja educativa en EEUU


    Mohamed A. El-Erian

    Uno de los fines fundamentales de un Gobierno es el de hacer prosperar los bienes públicos importantes, pero, si no se gestiona cuidadosamente, la persecución de esos bienes sociales puede tener consecuencias económicas y financieras desafortunadas y a veces éstas pueden provocar incluso perturbaciones sistémicas cuyos efectos afecten a algo más que a los propios fines perseguidos.

    Así ocurrió hace un decenio en los Estados Unidos con el empeño de aumentar el número de propietarios de viviendas. Lo mismo ha estado ocurriendo más recientemente en China, a raíz de una iniciativa para aumentar la participación en el mercado de valores, y podría suceder de nuevo en los EEUU, esta vez como consecuencia del intento de mejorar el acceso a la financiación de la enseñanza superior.

    En el primer caso, el Gobierno de los EEUU apoyó con entusiasmo las medidas encaminadas a lograr que las hipotecas resultaran más asequibles, incluida la creación de toda clase de medios de préstamo ?exóticos?. El método dio resultado, pero demasiado bien. La oleada de solicitudes aumentó los precios de la propiedad inmobiliaria, mientras que la mayor disposición de los bancos a prestar movió a muchas personas a adquirir viviendas que no podían costearse. El desplome de la burbuja posterior, factor que contribuyó en gran medida a la crisis financiara mundial de 2008, casi sumió la economía mundial en una depresión crónica.

    En el caso de China, el Gobierno abrigaba la esperanza de que una mayor participación en el mercado de valores -lograda mediante medidas encaminadas a aumentar los precios de los activos y fomentar los préstamos para inversión- movería a los ciudadanos a mostrarse más partidarios de las reformas en pro del mercado. De nuevo, el método resultó demasiado eficaz y se formó una búrbuja. Ahora el Gobierno está intentando contrarrestar el riesgo de un desapalancamiento desordenado, que perjudicaría la economía china y tendría importantes efectos de dominó para el resto del mundo.

    El empeño por parte de los Estados Unidos de ampliar el acceso a los préstamos a estudiantes, iniciativa encomiable en su propósito, encaminada a permitir a más personas costearse la enseñanza superior, entraña riesgos similares. Por fortuna, aún hay tiempo de hacer algo al respecto.

    Nadie duda que la inversión en educación reviste importancia decisiva. Numerosos estudios han mostrado los importantes réditos resultantes para las personas y las sociedades. Unos niveles elevados de rendimiento educativo mejoran el bienestar económico y la prosperidad generales, reducen las cargas de la jubilación y aumentan la movilidad y la prosperidad sociales. La tasa de desempleo correspondiente a los graduados universitarios en los EEUU, que asciende al 2,5 por ciento, es un tercio, aproximadamente, de la correspondiente a quienes carecen de un título de bachillerato.

    Lo que las autoridades deben determinar es cómo invertir en educación de formas que aumenten al máximo esos beneficios sin crear nuevos riesgos. A ese respecto los EEUU corren el riesgo de quedarse cortos.

    En los diez últimos años, la combinación de unos derechos de matrícula mayores, un mayor número de estudiantes matriculados y una mayor dependencia de los préstamos ha hecho que el valor de la deuda estudiantil pendiente casi se haya triplicado. Ahora asciende a mucho más de 1,2 billones de dólares, más del 60 por ciento de los cuales corresponden al cuartil inferior de los hogares (los que ascienden a un valor neto inferior a 8.500 euros).

    Actualmente, siete de cada diez estudiantes de enseñanza postsecundaria se gradúan endeudados y el volumen total de ese pasivo supera el de las tarjetas de crédito y los préstamos para la compra de automóviles combinados. Además, los préstamos a estudiantes constituyen el 45 por ciento de los activos financieros federales.

    Para colmo de males, el rédito de la inversión en educación está disminuyendo, porque la economía está creciendo despacio y fluctuando rápidamente, lo que dificulta a algunos graduados la obtención de un empleo en el que se aprovechen sus conocimientos y aptitudes. Las universidades son con frecuencia lentas a la hora de adaptar sus planes de estudios a las necesidades de la economía, mientras que las tecnologías y los modelos empresariales están exacerbando el fenómeno de que ?el ganador se lo lleva todo?.

    Si el rédito de la inversión en la educación sigue disminuyendo, el servicio de los préstamos a estudiantes acabará afectando a otros desembolsos en materia de consumo e inversión, sobre todo porque la deuda de los estudiantes tiene una considerable antigüedad en la estructura de capital. En esa situación, aumentarían los riesgos de suspensión de pagos y morosidad, junto con la inseguridad financiera y la inestabilidad general, todos los cuales exacerbarían la triple desigualdad (de ingresos, de riqueza y de oportunidades).

    Lo bueno es que, aunque el diez por ciento, aproximadamente, de los prestatarios ya tiene problemas para saldar sus deudas, los puntos de inflexión macroeconómico y financiero siguen estando lejanos, pero eso no es una excusa para la complacencia; simplemente, brinda tiempo para una adopción de medidas concertadas que atenúen las tendencias destructivas debidas a los préstamos a estudiantes.

    En primer lugar, los políticos de los EEUU deben asumir plena responsabilidad por la gestión económica, procurando no sólo impulsar el crecimiento, sino también evitar una reducción a largo plazo de su potencial. Después de haber dependido de una política monetaria heterodoxa desde hace demasiado tiempo, el Congreso estadounidense debe adoptar un planteamiento más amplio, con medidas encaminadas a mejorar la capacitación de los trabajadores, reorganizar y modernizar los planes de estudios e incorporar las tecnologías transformacionales de forma más eficaz a la economía. También hacen falta una mayor inversión en infraestructuras, políticas mejores en materia de impuesto de sociedades y un planteamiento presupuestario actualizado.

    Por su parte, las universidades, que se han beneficiado en gran medida de la gran disponibilidad de préstamos a estudiantes, deben frenar sus costos, además de ofrecer una ayuda financiera más directa y financiada mediante la filantropía. Algunas universidades ya han adoptado políticas ?sin préstamos?; se atiende enteramente la necesidad financiera demostrada de los estudiantes con donaciones financiadas por la universidad y otros donantes. No todas las universidades tienen por qué llegar tan lejos... y la mayoría no pueden, porque carecen de dotaciones suficientes para sufragar los costos, pero es necesario avanzar más hacia la financiación de la enseñanza superior sin deuda.

    También se podrían adoptar medidas para alentar a las familias a ahorrar más para la educación y comenzar a hacerlo en época más temprana. La información sobre los préstamos a estudiantes debe ser más transparente, con lo que los solicitantes podrán adoptar decisiones responsables y los costos menores de los centros universitarios de primer ciclo, en los que se imparten dos cursos, serán un primer paso útil con miras a una enseñanza universitaria tradicional. También se podría hacer más para aumentar los planes de amortización basados en los ingresos.

    Ninguna de esas medidas será fácil, pero, si su aplicación sigue yendo a la zaga de las realidades en el terreno, los problemas acabarán siendo mucho mayores más adelante. Como las cargas de la deuda en aumento de los prestatarios limitan su flexibilidad financiera y su contribución productiva a la economía, el hincapié normativo debe pasar de la mitigación de los riesgos futuros a la reducción del endeudamiento directamente mediante condonación de préstamos y rescates. Con ello se plantearían cuestiones espinosas sobre la equidad y los incentivos desajustados y en última instancia una consecuencia perversa de ello podría ser la reducción del acceso a la educación.