Graves sospechas sobre Castillejo

Zinkia vive inmersa en una guerra abierta desde su entrada en concurso de acreedores en cuyo centro se sitúa su presidente, José María Castillejo. Los accionistas minoritarios de la productora de Pocoyó han arremetido contra Castillejo por los más diferentes motivos, desde discutirle la paternidad creativa del famoso dibujo animado hasta acusarle directamente de perjudicar la financiación de la empresa, con objeto de preservar su posición predominante.

Hechos más objetivos y concretos, como una sanción de 160.000 euros impuesta por la CNMV por "manipulación del mercado", han servido también para poner en tela de juicio su gestión. Sin embargo, las pesquisas a la que ahora se enfrenta el principal accionista de Zinkia, ordenada por el juez que supervisa su concurso, suponen todo un salto cualitativo con importantes consecuencias potenciales.

La investigación se remonta a 2011 cuando Castillejo logró un préstamo de 3,5 millones a la Fundación Santamaría de los Peñones, ofreciendo 5,49 millones en acciones como garantía. Ahora bien, hay indicios de que el presidente de Zinkia nunca pignoró esos títulos, ya que vendió una parte de ellos tras conseguir el crédito y otra parte la entregó, en 2012, al segundo accionista de la compañía, Miguel Valladares. En resumen, existen indicios de fraude y de enriquecimiento patrimonial injusto.

Por tanto, lo que tendrá que dirimirse a partir de ahora no es el mayor o menor acierto de su gestión; a lo que se enfrenta Castillejo es a un presunto delito del que pueden derivarse consecuencias penales, mientras, sobre la quiebra de Zinkia, se extiende la sombra de prácticas irregulares que su presidente deberá explicar.