Un castigo injusto a los hogares

El Instituto Nacional de Estadísticas confirmó ayer que la inflación interanual se situó en el 9,8% en marzo, la tasa más alta desde 1985. La subyacente, que excluye la volatilidad de los precios energéticos y los alimentos no elaborados, queda en el 3,4%, su nivel más alto desde 2008.

Los datos definitivos permiten profundizar en las consecuencias de este encarecimiento. Así, se revela que el incremento del IPC llegaría al 10,7% sin tener en cuenta las medidas impositivas para contener el alza de los precios de la energía. Aunque aún no se recoja el impacto del último plan aprobado por el Gobierno, que entró en vigor el 1 de abril, este leve alivio de 0,9 puntos se revela completamente insuficiente cuando nueve comunidades autónomas superan ya el doble dígito en su inflación. Pero aún más preocupante es comprobar cómo ésta ha ido extendiéndose por la cesta de la compra. Aunque los precios de la energía copan los incrementos, cada vez más productos superan el doble dígito en términos interanuales, hasta el punto de que los gastos domésticos suben un 33%. Es decir, que aunque las familias intenten cada vez más reducir su consumo en productos no esenciales, no pueden escapar de un alza de los precios sin precedente en los últimos 37 años. En este contexto, sorprende que el Gobierno diga que espera que el IPC empiece a bajar pronto, sin concretar nuevas medidas para sostener el poder adquisitivo de los ciudadanos, más allá del paquete energético o una contraproducente limitación a los precios del alquiler que ya restringe la oferta, lo que encarece la vivienda. La negativa a propuestas como deflactar el IRPF solo agrava el injusto castigo a los hogares por esta inflación desbocada.