Injusta penalización para las sicavs

El Congreso aprobó en julio el nuevo régimen fiscal para las sicavs, que tienen hasta hoy para decidir si permanecen abiertas. A pesar de la pérdida de competitividad generada por la normativa, las sicavs más grandes (aquellas que cuentan con 500 accionistas o más) seguirán funcionando.

Pero eso no quiere decir que la regulación no genere problemas en otras firmas y entre los inversores más pequeños. El motivo está en que la norma estableció unos exigentes mínimos de inversión para ser considerado partícipe de una sicav (a partir de 2.500 euros o de 12.500 euros para las sociedades por compartimentos). Es cierto que con ello se quiso evitar que la mayoría de los accionistas de estos vehículos fueran meros figurantes o mariachis. Ahora bien, al poner el listón de entrada a una altura tan considerable se ha ahuyentado a los pequeños inversores interesados en este tipo de sociedades, quienes garantizarían con su presencia que las sicavs actúen como verdaderas instituciones de inversión colectiva. Sin embargo, en la norma subyace el prejuicio de que las sicavs solo están al alcance de altos patrimonios. Pero la realidad es que cotizan y ofrecen una rentabilidad atractiva, sumada a bajos costes de gestión. Además, nunca ha sido cierto que estén privilegiadas fiscalmente, ya que su gravamen del 1% en Sociedades es igual al de los fondos de inversión convencionales. Todos estos argumentos no bastaron para modificar el nuevo régimen fiscal con el que se generó pérdida de competitividad a las sicavs debido a los topes mínimos a la inversión. La limitación de los mariachis debería haberse basado en otros mecanismos que no causaran esta injusta penalización de las sicavs y que priva a muchos partícipes de entrar en un producto con adecuados retornos y escasos costes.