La plusvalía municipal... ¿crónica de una muerte anunciada?

Como si de una serie de televisión de juicios y abogados se tratase, el Tribunal Constitucional nos ha brindado un perfecto spoiler del final judicial del culebrón de la plusvalía municipal, anunciando, antes de publicar la sentencia, el contenido de la parte dispositiva por la que declara la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Haciendas Locales que establecen el cálculo de la cuota del impuesto. Lógicamente, sin posibilidad de determinar las cuotas, el impuesto deja de tener sentido como fuente de ingresos para los municipios.

A pesar del alcance de esta resolución, no se puede decir que sea una gran sorpresa, en todo caso, lo que se puede achacar al alto tribunal es la tardanza en alcanzar tal veredicto. Y es que, en su anterior sentencia de 2017, mediante la cual ya dejaba fuera de imposición aquellos casos en los que no se producía un incremento real de valor de los inmuebles transmitidos, ya puso en evidencia que el cálculo objetivo establecido en la ley siempre arrojaba un aumento de valor de los bienes sin ninguna conexión con la realidad.

Sin posibilidad de determinar las cuotas, el impuesto deja de tener sentido como fuente de ingresos para los municipios

Han sido múltiples los pronunciamientos judiciales antes y después de esa fecha que han puesto en entredicho el impuesto de la plusvalía municipal, los cuales han ido mermando su capacidad recaudatoria, hasta el punto en que, ante tal inseguridad jurídica, la consigna era impugnar en todo caso la liquidación del impuesto para evitar que obtuviese firmeza y ganar tiempo hasta que llegara el día en el que fuera declarado inconstitucional y, cuatro años después, ese día ha llegado. Bien para los que decidieron impugnar y para los que transmitan sus inmuebles a partir de ahora, pero, después de más de 30 años de la creación de este impuesto, que finalmente se declare inconstitucional es una verdadera afrenta a ayuntamientos y contribuyentes.

Lo es para los ayuntamientos, que verán reducidos sus insuficientes recursos de una manera importante, no en vano la plusvalía municipal es, especialmente para los grandes municipios, la tercera fuente impositiva de ingresos, tras el IBI y el Impuesto de Vehículos. Aunque su recaudación sea irregular, dado que depende de la actividad inmobiliaria de cada momento, el importe acumulado de todos los ayuntamientos puede superar los 3.000 millones de euros anuales. No es extraño que muchos alcaldes ya hayan levantado la voz pidiendo compensaciones al Ministerio de Hacienda ante tal agujero en sus presupuestos.

Pero lógicamente también lo es para los contribuyentes, quienes durante décadas han venido pagando este impuesto, a pesar de que, no en pocas ocasiones, el incremento de valor determinado por el impuesto poco o nada tenía que ver con la plusvalía real obtenida por la transmisión de sus inmuebles. Gracias a los afectados que decidieron acudir a los tribunales y presentar recurso tras recurso, invirtiendo su tiempo y dinero, se ha llegado hasta aquí, logrando justicia para sus casos individuales pero generando un problema financiero para los municipios de primer orden.

La reforma legislativa no sólo es necesaria sino también urgente y, sobre todo, que no sea un nuevo apaño que vuelva a terminar en los tribunales

En este sentido, el principal responsable de toda esta situación es el legislador, a quien el propio Tribunal Constitucional ya conminó en 2017 la reforma del impuesto para acomodarlo a los principios tributarios establecidos en la Constitución. Por tal motivo, ante la inactividad legislativa durante todo este tiempo, era más que predecible que el impuesto acabara como finalmente ha terminado.

Además, dicha tardanza no sólo ha supuesto que muchos miles de contribuyentes hayan tenido que seguir abonando injustamente este impuesto, sino que ahora la reforma legislativa no sólo es necesaria sino también urgente y, sobre todo, que no sea un nuevo apaño que vuelva a terminar en los tribunales.

Y es que, a falta del texto completo de la sentencia y de la decisión que acabe adoptando el Gobierno, aún no es posible sacar conclusiones definitivas de qué va a ocurrir a partir de ahora. Es evidente que el cálculo del impuesto de plusvalía, tal y como lo conocíamos, ha sido declarado inconstitucional, pero habrá que ver cuales serán los efectos y las interpretaciones de la sentencia, y, sobre todo, cual será el cambio legislativo que provoque.

¿Desaparecerá definitivamente este impuesto, o se establecerá una nueva fórmula de cálculo acorde con el mandato constitucional que permita a los ayuntamientos seguir exigiéndolo? Lo que está claro es que de momento tendremos que seguir atentos a la evolución de los acontecimientos, ya que no sería el primer cadáver jurídico que el BOE devuelve a la vida.