Una lógica protesta de las promotoras

El Gobierno intenta mitigar la polémica que provocó con su Ley de Vivienda, en particular el apartado que obliga a destinar el 30% de una nueva promoción a VPO.

El Ejecutivo matiza que sólo afectará a la cartera de suelo urbanizable de las promotoras si los ayuntamientos deciden recurrir a ella, y siempre que les compensen, por ejemplo, ofreciéndoles suelo para edificar vivienda libre en otra área del municipio con el mismo "valor de aprovechamiento". Ahora bien, aunque sobre el papel ese valor sea el mismo, las promotoras pueden encontrarse con que les resulta más difícil vender las mismas viviendas en la nueva ubicación. La compensación, por tanto, es muy discutible y multiplica la incertidumbre de las cuantiosas inversiones que las inmobiliarias acometen.