Una barrera para las inversiones

El Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) del Gobierno vuelve a chocar con la que ha sido su gran rémora desde que empezó a diseñarse. La Ley de Desindexación de la Economía impone un límite muy bajo a las rentabilidades de las concesiones públicas.

 En concreto, esa barrera equivale al rendimiento del bono español a diez años más un diferencial de 200 puntos básicos. En otras palabras, las constructoras que participen en el PIC tendrán que asumir una rentabilidad del 2,32% antes de impuestos, muy lejos de los niveles que proyectos semejantes les ofrecen en otros países, también dentro del área OCDE, en los que el retorno de las inversiones llega al doble dígito. Ante esta situación, las empresas del sector se muestran unánimes al asegurar que no les interesan las licitaciones del Plan de Carreteras. Sin duda, es obvio que ésta no es una decisión vinculante y resulta muy posible que haya cambios de actitud cuando se publiquen los pliegos definitivos de los proyectos; pero también hay riesgo de que varios concursos queden desiertos. Ante esta situación, el Gobierno, y especialmente Hacienda (ya que la Ley de Desindexación es competencia directa suya), deben prestar oídos al clamor empresarial que aboga por reformar esa norma. No sólo está en juego el PIC. La Confederación Nacional de la Construcción avisó de que el mismo problema se planteará en los programas avalados por las ayudas europeas, en un momento en el que los costes de estas empresas se multiplican por el alza de las materias primas.

La Ley de Desindexación sólo permite unos retornos muy bajos para las inversiones en el sector de infraestructuras

Es ahora más urgente que nunca la búsqueda de una salida para ese atolladero en el que las inversiones en infraestructuras están atrapadas desde hace años.