Más presión sobre las empresas

La vicepresidenta Yolanda Díaz fue clara en el Congreso, pese al evidente disgusto de su homóloga Nadia Calviño, sobre sus propósitos de derogar la reforma laboral de 2012 este mismo año, y las propuestas que Díaz hace llegar a los agentes sociales así lo evidencian.

La también ministra de Trabajo les informa de su intención de recuperar la llamada ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, la capacidad de que los convenios ya expirados sigan en vigor sine die cuando no haya acuerdo para su renovación. El Gobierno asegura que propiciará los pactos y, por ello, establecerá un arbitraje obligatorio para sindicatos y empresarios en caso de que agoten el tiempo de negociación sin entendimiento. Ahora bien, la existencia de esa mediación no impide que, en la práctica, se produzca un retroceso a la situación previa a 2012. Será así posible prorrogar automáticamente, sin límite de tiempo, convenios caducados y, lo que es peor, sujetos a exigencias en materia de alzas salariales incoherentes con la situación económica presente. El coto a la ultraactividad fue uno de los grandes logros de la última reforma laboral. Junto con el reconocimiento de la primacía de los convenios de empresa sobre los sectoriales, impidió que se repitieran situaciones tan inauditas como el incremento de sueldos al que se vieron obligadas las empresas en 2009, cuando la economía estaba en recesión.

El regreso de la ultraactividad aboca a las firmas a medidas tan inauditas como elevar los salarios en plena crisis

Ahora el PIB vuelve a crecer, pero miles de empresas se enfrentan todavía a dificultades para retomar al completo su actividad, serios problemas de liquidez y costes laborales al alza. La flexibilidad que la reforma de 2012 permitió en aspectos como la política salarial es ahora más necesaria que nunca.