Sin solución al 'éxodo' de sicavs

La demonización sistemática a la que las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) se han visto sometidas en nuestro país ya se ha cobrado un alto precio. Su cierre es constante hasta el punto de que ahora hay registradas casi 1.000 menos que en 2015, el año en que su número marcó récord.

Sin embargo, todavía existe un patrimonio conjunto de 28.000 millones gestionado por estos vehículos en España, que está en serio riesgo de verse transferido a otros países, si las sociedades que lo custodian acaban también echando el cierre. Ante esta amenaza, el PSOE reaccionó presentando una enmienda a la ley contra el fraude fiscal, con la que quería fomentar el traslado de todos esos activos a fondos de inversión convencionales, domiciliados en España. Para ello, se abriría un periodo transitorio en el que se concedería un diferimiento en la tributación de las plusvalías obtenidas. Sin embargo, tal y como está planteada ahora esta iniciativa, dista mucho de ofrecer una verdadera solución al problema. Muy al contrario, existe el riesgo de que abra un conflicto con Bruselas al transgredir uno de los principios básicos del mercado comunitario, como es la libre circulación de capitales. No en vano se está planteando de forma explícita una penalización, por la vía impositiva, a las inversiones en otros países creando así una situación que los expertos comparan a un corralito financiero.

Penalizar fiscalmente la reinversión de sus recursos en otros países equivale a transgredir las normas de la UE

Queda así en evidencia que el PSOE, al igual que el Gobierno, carece aún de una alternativa válida que ofrecer a los inversores que ya barajan el cierre de sus sicavs, ante las dificultades legales para mantenerlas abiertas. El éxodo de estos activos hacia otros mercados sigue sin encontrar respuestas que lo palíen.