Pensiones: límite necesario al gasto

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá reabríó el mes pasado el debate sobre el aumento del número de años trabajados que se computan en el cálculo de la pensión, desde los actuales 25 hasta 35 años.

Sin embargo, mucho antes de hacer esas declaraciones, el propio Escrivá acudió a Bruselas para hacer esa propuesta a la Comisión Europea. El ministro lo hizo sin consultar con los agentes sociales ni tampoco con la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. De hecho, la propuesta de reforma que este organismo presentó, a finales de 2020, no incluye expresamente la posibilidad de ampliar el periodo de cotización para calcular la pensión. Todo apunta a que, en el modo en el que Escrivá actuó, influye el hecho de que se trata de una medida polémica (supondría un recorte promedio del 5% en la remuneración de las nuevas jubilaciones) a la que sus socios de Gobierno pertenecientes a Podemos se oponen sin fisuras. En este difícil contexto, a la hora de vencer resistencias, sin duda resulta de ayuda presentar la propuesta de Escrivá como una imposición de Bruselas, y no como iniciativa del propio ministro. Sin embargo, la crítica situación de la Seguridad Social obliga a que la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones se plantee abiertamente, como una necesidad para garantizar el futuro del sistema público de protección.

La urgencia de elevar el número de años considerados para calcular la pensión tiene que plantearse abiertamente

Mucho antes de la crisis actual, la utilidad de tomar una decisión así ya era evidente, hasta el punto de que la entonces ministra Fátima Báñez propuso que se considerara el 100% de la vida laboral. Ahora, con el mercado laboral diezmado por los efectos del Covid, las políticas que permitan racionalizar el gasto en pensiones resultan ya imprescindibles.