Necesario coto a la prejubilación

El debate sobre las jubilaciones anticipadas, y su impacto en el déficit de la Seguridad Social, volvió a abrirse el año pasado. Fue entonces cuando, una vez más, volvieron a ponerse de manifiesto los problemas financieros que plantea.

Estos últimos son innegables. La edad oficial de retiro se halla en España en los 65 años y 10 meses; sin embargo, la media efectiva a la que los españoles dejan de trabajar es notablemente inferior: 64,4 años. Esa diferencia se debe a que las jubilaciones anticipadas crecen a un ritmo del 66% en el último lustro y suponen el 16% de las solicitudes de retiro aprobadas por la Seguridad Social. Pero, además, se plantean también dificultades en lo que se refiere a su cuantía. En promedio, los prejubilados cobran un subsidio superior en un 37% al propio de los trabajadores que prolongan su vida activa hasta los 65 años. Se trata de una diferencia de casi 500 euros entre un tipo de jubilado y otro, lo que implica un alto coste para el sistema de protección. Especialmente ahora, cuando la crisis todavía en marcha, y la destrucción de empleo consiguiente, llevaron su déficit a niveles récord ya en 2020. No hay excusa, por tanto, para someter a un mayor coto a las prejubilaciones. Es, además, muy posible que la UE lo exija como una de las condiciones para que España acceda al programa de ayudas que Bruselas liberará este año. Pero conviene recordar que el problema no se agota penalizando más este tipo de retiro.

El rápido crecimiento y la elevada cuantía que esta forma de retiro implica ponen en apuros a la Seguridad Social

Es necesario también incentivar la prolongación de la vida activa con el acceso a mejores prestaciones. Urge así corregir medidas como el constante aumento de las bases máximas de cotización sin que estos contribuyentes experimenten contraprestación en sus pensiones.